El Departamento de Estado de Estados Unidos informó a la BBC que más de 6.000 visas de estudiantes internacionales han sido revocadas por violaciones a la ley estadounidense y por sobreestadía. La medida, que según la entidad busca proteger la seguridad pública y la integridad del sistema migratorio, se da en medio de una política migratoria más estricta impulsada por la administración Trump.
Según la comunicación oficial, la gran mayoría de los casos corresponden a conductas delictivas como agresión, conducir bajo la influencia (DUI), robos —incluyendo allanamiento— y cargos relacionados con apoyo al terrorismo. También se incluyen situaciones en las que los titulares de las visas permanecieron en el país más allá del tiempo autorizado. El Departamento de Estado destacó que cada revocación se basa en información específica sobre hechos que contravienen las condiciones de la visa.
Expertos en inmigración señalan que la revocación de una visa estudiantil puede implicar la pérdida inmediata del estatus legal en Estados Unidos y, en muchos casos, la iniciación de procesos de deportación. Además, la cancelación del permiso para estudiar puede afectar la posibilidad de volver a solicitar entrada al país en el futuro, e incluso provocar sanciones migratorias en otros procedimientos residenciales.
La noticia ha generado preocupación entre universidades y centros educativos que acogen a estudiantes internacionales, dado que estas comunidades dependen en parte de la matrícula extranjera tanto para la diversidad académica como para financiamiento. Administradores consultados por medios internacionales han advertido que estas medidas, combinadas con mayores controles consulares, podrían reducir el atractivo de Estados Unidos como destino académico y complicar la planificación institucional.
Organizaciones que defienden los derechos de inmigrantes han pedido mayor transparencia sobre los criterios utilizados para revocar visas y sobre los mecanismos de apelación disponibles para los afectados. A juicio de estas agrupaciones, una política de seguridad no debería dejar de lado las garantías procesales ni exponer a estudiantes a decisiones sumarias sin oportunidad de defensa.
Por su parte, la administración argumenta que reforzar el control sobre visas responde a la necesidad de proteger a la población y preservar el cumplimiento de la ley. La revocación de permisos a quienes cometen delitos o se quedan en el país sin autorización forma parte, según funcionarios, de una estrategia más amplia para reducir abusos del sistema migratorio.
El efecto inmediato de esta medida será la suspensión de actividades académicas y la posibilidad de retorno para muchos estudiantes que, de un día para otro, podrían perder su estatus. A mediano y largo plazo, analistas advierten sobre el impacto en la reputación internacional de las instituciones educativas estadounidenses y en la decisión de futuros estudiantes de elegir Estados Unidos como destino. Mientras tanto, familias y comunidades académicas aguardan detalles sobre cómo se implementarán las revocaciones y qué recursos legales estarán disponibles para quienes resulten afectados.
