Uber en Costa Rica recibió un fallo histórico: un tribunal dictó que debe reconocer a un conductor como empleado y otorgarle beneficios laborales.
Tribunal dicta que Uber debe dar beneficios laborales
Una sala de apelaciones de Costa Rica falló el 28 de agosto a favor de un conductor de Uber.
El tribunal ordenó que la plataforma lo trate como empleado.
Por lo tanto, debe recibir vacaciones, aguinaldo y cesantía.
Uber en Costa Rica: sentencia del 28 de agosto
La resolución considera que existía una relación laboral entre el conductor y Uber.
Además, la corte obliga a la empresa a reconocer derechos que la ley costarricense garantiza.
Sin embargo, la decisión aplica al caso concreto. No es todavía una ley general.
Impacto para conductores Uber en Costa Rica y riesgos para la plataforma
Para el conductor implicado, la sentencia significa acceso a prestaciones y pagos retroactivos.
Para Uber, supone un riesgo jurídico y económico mayor en el país.
La empresa no ha ofrecido una respuesta pública inmediata sobre el fallo.
En consecuencia, otros choferes podrían reclamar condiciones similares.
El caso abre la puerta a demandas colectivas y cambios en contratos.
Reacciones y posibles reformas
Organizaciones laborales celebraron la decisión.
Por ejemplo, sindicatos y grupos de derechos laborales la consideran un paso importante.
Por otro lado, asociaciones de plataformas avisan sobre el costo para los servicios.
Finalmente, el fallo podría impulsar reformas legales sobre la llamada «economía gig» en Costa Rica.
El Gobierno y la Asamblea Legislativa podrían revisar normas laborales.
En consecuencia, las reglas sobre contratación y seguridad social están en debate.
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Qué sigue
La sentencia puede ser apelada ante instancias superiores.
Además, otros conductores podrían presentar demandas similares.
Por lo tanto, la situación está lejos de resolverse por completo.
Los expertos señalan que habrá presión para definir si las plataformas son empleadoras.
Mientras tanto, muchos usuarios y choferes observan el caso con atención.
En resumen, la decisión del 28 de agosto marca un punto de inflexión.
Podría cambiar la forma en que funcionan las plataformas en Costa Rica.
Y, en consecuencia, afectar a miles de trabajadores del transporte privado por aplicación.
