El robo de combustible dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un negocio del crimen organizado. Para frenarlo, el Gobierno y Recope presentaron una reforma integral a la Ley 9852 (vigente desde 2020) que endurece penas, amplía tipos penales, refuerza controles internos y crea una Unidad de Protección Especial de Ductos (UPED) con funciones policiales de apoyo en flagrancia. La iniciativa fue trabajada junto con el MSP, Ministerio de Justicia y Paz, OIJ y Fiscalía y ya fue remitida a la Asamblea Legislativa.
“Buscamos cerrar vacíos legales y defender la infraestructura energética del país”, señaló Karla Montero, presidenta de Recope.
https://youtu.be/GgE8pRa21pE
Qué cambia (FK: robo de combustible)
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Tipos penales ampliados. Además del apoderamiento, se sancionan distribución, suministro, transporte, comercialización, almacenamiento, manipulación, ocultamiento e introducción ilegal de combustibles.
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Penas más severas.
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5 a 15 años para quienes colaboren o se beneficien del delito, incluidas personas funcionarias públicas o trabajadoras de Recope.
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3 a 8 años para quien destine, autorice, tolere y/o facilite bienes (muebles o inmuebles) para sustracción, almacenamiento, transporte, tenencia o venta ilícita de combustibles.
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5 a 8 años si el inmueble facilitado está en servidumbre de poliducto o paso a favor de Recope.
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Control patrimonial interno. Personal operativo del sistema deberá presentar declaración jurada de situación patrimonial.
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Nueva UPED. Cuerpo auxiliar adscrito a Recope con potestad de actuar en flagrancia para proteger el poliducto y activos conexos.
Por qué urge (FK: robo de combustible)
El robo de combustible provoca pérdidas millonarias, riesgos ambientales por derrame y fugas y amenazas a la seguridad de comunidades cercanas a la infraestructura. Además, financia redes criminales y compromete la seguridad energética.
“Este delito ya no será tolerado en Costa Rica; necesitamos que todos los actores se involucren”, subrayó Montero.
Resultados recientes: caen tomas y litros sustraídos (enero–agosto)
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Tomas ilegales intervenidas: de 92 (2024) a 43 (2025) → –53,26%.
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Combustible sustraído: de 3,1 millones de litros (2024) a 2,1 millones (2025) → –34,32%.
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Allanamientos con apoyo de Recope: de 16 (2024) a 22 (2025).
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Denuncias a la línea 1-0-0-2: de 128 (2024) a 136 (2025).
Desde la entrada en vigor de la Ley 9852, Recope ha presentado 852 denuncias; 577 causas siguen activas y 57 personas han sido sentenciadas. Con la reforma, se busca acelerar procesos, elevar condenas y blindar controles internos para proteger infraestructura crítica y reafirmar que Costa Rica no tolera estos delitos.
Fuente: Recope / Gobierno de la República.
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