El campamento del sector arrocero frente a la Asamblea Legislativa crece este jueves con la llegada de productores de distintas regiones del país. El objetivo se mantiene: exigir la convocatoria y votación del proyecto de Ley N.° 24.211 (FONARROZ), una iniciativa que pretende crear un fondo de auxilio para garantizar un ingreso mínimo al productor, sostener la producción interna y proteger la Seguridad Alimentaria.
Según el movimiento, solo un 15% del consumo de arroz en Costa Rica se produce localmente y el país depende mayoritariamente de las importaciones. “Desde India hasta Estados Unidos, los grandes productores tienen esquemas robustos de apoyo al productor. Eso mismo buscamos con FONARROZ”, señalaron voceros del sector.
Jornada de hoy
El campamento —iniciado ayer— recibe desde el mediodía a delegaciones adicionales de la Región Chorotega, Huetar Norte, Pacífico Central y Caribe, que se unirán a la presencia sostenida en las afueras del Congreso y en la barra del público del Plenario.
Lo que ocurrió en el Plenario
Durante la sesión de este miércoles, la diputada Johanna Obando se dirigió al sector presente en las gradas y cuestionó el orden de la agenda legislativa:
“Mañana se verán siete segundos debates antes de pasar a los primeros debates. FONARROZ quedó de tercero en esa lista. Es injusto para un sector que lleva semanas acampando y que tiene tiempo límite hasta noviembre para evitar un cierre técnico”, dijo.
https://youtu.be/MlafIk7qm8g
Voces del campo
Wendy Vargas, productora de arroz de la Región Chorotega, pidió adoptar una política pública que asegure un mínimo de producción nacional:
“Los países grandes garantizan su producción interna para resguardar la Seguridad Alimentaria. Costa Rica no debe quedarse atrás. FONARROZ nos permitiría no depender exclusivamente del arroz del extranjero y sostener una producción local mínima.”
FONARROZ
¿Qué propone FONARROZ?
El proyecto crea un Fondo Nacional de Auxilio Arrocero que se financiaría con aportes por cada tonelada métrica de arroz importado y producido en Costa Rica, con reglas de transparencia y fiscalización. El sector sostiene que el impacto para el consumidor sería marginal, frente al beneficio país de mantener capacidad productiva, empleo rural y estabilidad del abastecimiento.
El movimiento anunció que mantendrá la manifestación pacífica hasta que el proyecto sea convocado y avance a primer y segundo debate.
