En cumplimiento de una orden judicial emitida por el Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Alajuela bajo la Resolución 25-000857-306-PE, se llevó a cabo el desalojo Crucitas en la zona de Chorreras, Cutris, San Carlos, el pasado 26 de noviembre de 2025. Durante un operativo coordinado entre múltiples instituciones, se procedió al retiro de personas que ocupaban ilegalmente el lugar, principalmente dedicadas a la minería ilegal, y a la demolición de estructuras construidas sin autorización en un área silvestre protegida.
Operativo interinstitucional y motivos del desalojo
El operativo involucró a los ministerios de Seguridad Pública, Ambiente y Energía (MINAE), Salud, la Municipalidad de San Carlos, el Poder Judicial, la Policía Profesional de Migración, el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Siguiendo estrictos protocolos de seguridad, se buscó proteger tanto a los funcionarios como a la población durante la intervención.
Según datos del Ministerio de Seguridad Pública, Chorreras funciona como una «puerta ancha» de acceso a Vivoyet (Crucitas), siendo un punto clave para actividades ilícitas como la extracción ilegal de oro, tráfico y trata de personas, trasiego de drogas, deforestación, contaminación de fuentes hídricas, presión sobre la fauna silvestre, comercio informal y movimientos transfronterizos sin control. Este asentamiento ilegal representa una amenaza significativa para la seguridad nacional y el medio ambiente.
Valor ecológico de la zona
El Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), a través del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Área de Conservación Arenal Huetar Norte (ACAHN), destacó que el sitio desalojado tiene un alto valor ecológico por su biodiversidad y su importancia para la protección de fuentes de agua y la conectividad biológica. Ubicado dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo en Cutris, San Carlos, esta área es considerada de alta fragilidad ambiental, lo que agrava el impacto de las ocupaciones ilegales.
Plazo vencido y orden judicial
La orden de desalojo fue notificada el pasado 17 de julio de 2025, otorgando un plazo de dos meses a las 73 viviendas habitadas por coligalleros ilegales, la mayoría de los cuales ingresaron este año, para abandonar voluntariamente el lugar. Al vencerse el plazo sin cumplimiento, las autoridades procedieron con el desalojo Crucitas y la demolición de las estructuras. El Tribunal Penal advirtió que la permanencia o reinstalación en el sitio constituye un delito de desobediencia, lo que podría derivar en sanciones adicionales.
Urgencia de legislación para regular la zona
Las autoridades reiteraron la necesidad de aprobar el proyecto de ley N.º 24.717, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, que busca autorizar y regular la exploración y explotación de minería metálica a cielo abierto en Cutris, San Carlos. Esta iniciativa propone subastas públicas mineras como mecanismo para otorgar concesiones, con el objetivo de ordenar la actividad en la zona y establecer una ruta clara de contención y control frente a las actividades ilegales.
Compromiso con la seguridad y conservación
El gobierno reafirmó su compromiso con la seguridad nacional y la protección de las áreas silvestres protegidas, anunciando que continuará realizando acciones de vigilancia y control para evitar nuevas ocupaciones en la zona fronteriza norte. Este esfuerzo busca garantizar la conservación de los ecosistemas y frenar los delitos asociados a la minería ilegal en Crucitas y sus alrededores.
Cierre
El desalojo Crucitas en Chorreras, San Carlos, marca un paso firme en la lucha contra la minería ilegal y la protección de áreas ecológicamente sensibles en Costa Rica. Mientras las autoridades refuerzan su presencia en la región, el avance del proyecto de ley para regular estas actividades se presenta como una necesidad urgente para evitar que estas problemáticas persistan.
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- Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE)
