Los legisladores de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público solicitaron explicaciones a Randall Chuken el 5 de diciembre de 2025, por su participación en al menos seis reuniones en Casa Presidencial, representando a la empresa mexicana Tradeco en el contexto de la ampliación de la ruta Barranca-Limonal. Durante estas reuniones, en las que estuvo presente el presidente Rodrigo Chaves, se cuestionó el rol de Chuken como intermediario de una compañía señalada por incumplimientos y presuntos vínculos con el narcotráfico en otros países.
Participación de Chuken en reuniones con Tradeco
Randall Chuken admitió haber asistido a múltiples reuniones en Casa Presidencial junto a representantes de diversas empresas, incluyendo Tradeco, con la presencia del presidente Rodrigo Chaves en todas ellas. Los legisladores expresaron su preocupación por la intermediación de Chuken entre el Estado y una empresa cuestionada internacionalmente, señalando que llevar contratistas a Casa Presidencial podría interpretarse como una influencia indebida en procesos de contratación pública. Esta situación ha generado un intenso escrutinio sobre las actividades de Chuken y su relación con el gobierno.
Cuestionamientos sobre su rol y asesoría
Durante la audiencia, los legisladores interrogaron a Randall Chuken sobre la naturaleza de su asesoría a empresas como Tradeco, acusándolo de posibles contradicciones en sus declaraciones. Chuken afirmó desconocer si el presidente participa directamente en procesos de contratación pública y defendió su posición con frases como «el que puede lo más, puede lo menos», lo que fue criticado por los diputados como un entendimiento erróneo de la ley de contratación. «Está usted absolutamente equivocado en la ley de contratación y usted entonces asesora muy mal a las empresas», señaló uno de los legisladores.
Vínculos de Tradeco y secreto empresarial
Un punto central de la controversia fue el conocimiento de Chuken sobre los antecedentes de Tradeco, una empresa con señalamientos internacionales por relaciones con el narcotráfico e incumplimientos en obras. Al ser cuestionado sobre si revisó el prestigio de sus clientes antes de representarlos, Randall Chuken afirmó no estar al tanto de dichos vínculos al momento de aceptar la representación. Además, se reservó el nombre de la persona o entidad que lo conectó con Tradeco en México, alegando «secreto empresarial», lo que generó más dudas entre los legisladores.
Contradicciones y posible nueva convocatoria
Los legisladores destacaron aparentes contradicciones en las declaraciones de Randall Chuken, quien inicialmente confirmó su participación en reuniones con empresas en Casa Presidencial, pero luego se abstuvo de responder ciertas preguntas amparándose en su derecho constitucional. También se refirió a las afirmaciones del exministro Luis Amador como «falsas e inexactas». Ante esto, los miembros de la Comisión valoran volver a convocar a Chuken para que amplíe sus declaraciones y aclare las acusaciones relacionadas con el exministro del MOPT.
Reacciones y contexto político
La situación de Randall Chuken ha generado un debate sobre la transparencia en las relaciones entre empresas privadas y el gobierno, especialmente en proyectos de infraestructura como la ampliación de la ruta Barranca-Limonal. Las acusaciones de los legisladores apuntan a una posible influencia indebida en contrataciones públicas, mientras que las evasivas de Chuken han intensificado las sospechas. Este caso, documentado en un video en YouTube (ver video), refleja tensiones políticas y la necesidad de claridad en los procesos estatales.
Cierre
La controversia entorno a Randall Chuken, discutida el 5 de diciembre de 2025 en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, pone en el foco su participación en reuniones en Casa Presidencial con la empresa Tradeco, cuestionada por vínculos con el narcotráfico e incumplimientos. Mientras los legisladores señalan contradicciones y exigen explicaciones sobre su rol como intermediario, Chuken se ampara en el secreto empresarial y niega conocer antecedentes de la compañía. Este caso, que podría llevar a una nueva convocatoria, resalta la importancia de la transparencia en las relaciones entre el Estado y empresas privadas en Costa Rica.
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