El Plenario Legislativo rechazó este martes levantar la inmunidad presidencial del mandatario Rodrigo Chaves Robles, luego de que la votación no alcanzara la mayoría calificada de 38 votos requerida para autorizar la investigación solicitada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) por presunta beligerancia política.
La moción obtuvo 35 votos a favor y 21 en contra, resultado que impidió el desafuero y provocó el archivo definitivo del expediente legislativo número 25.320, presentado por el órgano electoral.
La solicitud del TSE pretendía que el presidente fuera investigado por la Sección Especializada del tribunal, luego de que se declararan admisibles 15 denuncias por presunta beligerancia política.
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Inmunidad presidencial y votación en el Plenario
Votaron en contra del levantamiento de la inmunidad presidencial seis legisladores de Nueva República, cinco diputados del PUSC, los ocho congresistas oficialistas, dos independientes y la diputada Carolina Delgado del Partido Liberación Nacional (PLN), lo que inclinó la balanza a favor de mantener el fuero.
A favor del desafuero votaron 16 diputados del PLN, cuatro del PUSC, la totalidad de la fracción del Frente Amplio, dos legisladores del Partido Liberal Progresista y seis diputaciones independientes. La diputada Sonia Rojas, del PLN, se ausentó de la votación por incapacidad médica.
Durante el debate, la diputada independiente Kattia Cambronero sostuvo que votar en contra del levantamiento de la inmunidad equivale a permitir impunidad frente a las faltas administrativas por las que es señalado el mandatario.
Con este resultado, el presidente conserva la inmunidad presidencial y no enfrentará, por ahora, el proceso sancionatorio solicitado por el órgano electoral.
Inmunidad presidencial y reacción del TSE
Tras la votación legislativa, el Tribunal Supremo de Elecciones manifestó que respeta la decisión política adoptada por la Asamblea Legislativa, la cual —según indicó— puede incorporar consideraciones de coyuntura y conveniencia distintas a la valoración técnico-jurídica de los jueces electorales.
El TSE subrayó que, tanto con la admisión del expediente en comisión como con los informes técnicos y la votación en el Plenario, quedó ratificada su competencia para investigar y sancionar el ilícito de beligerancia política, así como para solicitar el levantamiento de la inmunidad presidencial cuando sea necesario.
El órgano electoral explicó que, al mantenerse la inmunidad, el proceso sancionador por beligerancia política queda suspendido y se activará una vez que el fuero decaiga, al finalizar el mandato presidencial el próximo 8 de mayo.
La beligerancia política es un ilícito que se configura cuando funcionarios públicos incumplen su deber constitucional y legal de imparcialidad político-partidaria, sancionable con destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de dos a cuatro años.
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