La Policía Penitenciaria detuvo a cuatro funcionarios más por intentar ingresar artículos no autorizados a centros penales, en hechos ocurridos en la cárcel La Reforma y en la Unidad de Atención Inmediata (UAI) Pabru Presberi, en Pérez Zeledón. Según el reporte institucional, los decomisos incluyeron dispositivos electrónicos y un teléfono celular que no contaban con los permisos de ingreso establecidos. Todos los funcionarios implicados fueron puestos a la orden de la Fiscalía para la investigación correspondiente. Con estos casos, ya suman 64 los funcionarios policiales y administrativos del sistema penitenciario que deben responder por acciones impropias.

Dos funcionarios intervenidos en la cárcel La Reforma

En el centro penitenciario La Reforma, en el complejo Jorge Arturo Montero, fue detenida una funcionaria de apellidos Escobar Mora. De acuerdo con la información oficial, en la revisión de sus pertenencias se localizaron dos cargadores USB, de los cuales solo uno contaba con el permiso autorizado para su ingreso. El segundo dispositivo fue catalogado como artículo no autorizado y decomisado por la Policía Penitenciaria.

En ese mismo centro penitenciario, un oficial de apellidos Buzano Zúñiga fue sorprendido con un disco duro con cable USB dentro de su bolso, sin contar con la autorización pertinente. El dispositivo también fue decomisado y el caso remitido a las autoridades competentes. Ambos funcionarios quedaron a disposición de la Fiscalía, que determinará las medidas a seguir y eventuales imputaciones.

Decomisos en la UAI Pabru Presberi en Pérez Zeledón

La Policía Penitenciaria reportó además decomisos de artículos no autorizados en la UAI Pabru Presberi, en Pérez Zeledón, como parte de un dispositivo de control interno. En el primer caso, a un funcionario policial de apellido Bermúdez, con cargo de supervisión y destacado en esa unidad, se le decomisó un manos libres, un cargador y una llave maya USB. Ninguno de estos dispositivos contaba con la autorización de ingreso correspondiente.

En un segundo caso, se procedió al decomiso de un teléfono celular a un funcionario administrativo del Ministerio de Justicia y Paz, de apellidos Rubí Jiménez, encargado del transporte. Según el reporte, el funcionario portaba el aparato en la mano sin el permiso de ingreso requerido para este tipo de dispositivos en el entorno penitenciario. Tanto los artículos decomisados como los informes de cada intervención fueron remitidos a la Fiscalía.

Proveedores también investigados por ingreso de celulares

Además de los cuatro funcionarios detenidos, las autoridades reportaron la intervención de dos proveedores de apellidos García y Zúñiga. A cada uno de ellos se les decomisó un teléfono celular debido a que no habían coordinado previamente con la administración los permisos de ingreso de estos dispositivos. La Fiscalía ordenó el decomiso de los teléfonos y su presentación como parte del expediente de investigación.

Con estos nuevos casos, la cifra de funcionarios policiales y administrativos del sistema penitenciario que deben responder por acciones impropias asciende a 64, según los datos oficiales. Las autoridades reiteraron que estas acciones buscan reforzar los controles y enviar un mensaje claro de cero tolerancia frente a cualquier intento de ingreso de artículos no autorizados a los centros penitenciarios. La institución subrayó que estos procedimientos forman parte de su compromiso con la legalidad y la transparencia en la gestión carcelaria.

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