Aguilar denuncia amenazas a simpatizantes de Avanza y señala al Gobierno. El Ejecutivo lo desmiente, pide pruebas y le exige dejar de mentir.
Las acusaciones de Aguilar: llamadas, amenazas y un ambiente “peligroso”
En la entrevista que dio origen a la polémica, Aguilar describe un entorno que califica como “muy peligroso” para quienes desean involucrarse con Avanza. Asegura que amigos y simpatizantes que se ofrecieron a ayudar en la campaña, o que mostraron interés en adquirir bonos, “han sido llamados con amenazas para disuadirlos de participar y apoyarnos”. Las advertencias, según el candidato, apuntan a que podrían “cerrarles los negocios” o complicarles su actividad económica y su vida personal.
Para Aguilar, estas experiencias no son hechos aislados. Sostiene que el objetivo sería intimidar a potenciales colaboradores y financiistas, generar miedo en el sector productivo y frenar así la capacidad de Avanza para conseguir recursos y respaldo público. El aspirante afirma que “esto está pasando” y asegura que puede dar fe, aunque no revela nombres por considerar que debe proteger la identidad de las personas afectadas.
Señalamientos directos al Gobierno y advertencia política
Cuando se le pregunta de forma explícita de dónde cree que vienen las amenazas, Aguilar responde que no tiene dudas de que provienen del actual Gobierno en el poder. Esa afirmación la presenta como una alerta para los costarricenses, al advertir que, si la continuidad de la administración actual se mantiene, este tipo de prácticas podría consolidarse como parte del juego político.
En su mensaje, el candidato también invita a los ciudadanos a revisar la lista de personas que encabezan las diputaciones del oficialismo. Menciona en particular el caso del aspirante por Alajuela, a quien alude como ejemplo del tipo de liderazgo que, a su juicio, podría normalizar estas conductas en el primer poder de la República. Plantea así una disyuntiva entre “este tipo de amenazas” y la aspiración a un país seguro, respetuoso y sano.
Aguilar insiste en que “lo hemos vivido y yo doy fe de que esto está pasando”. Señala que lo que está en juego es el modelo de convivencia política: o se acepta un escenario de presión y miedo sobre quienes disienten, o se apuesta por un país en el que, según su planteamiento, las diferencias se procesen sin intimidación a empresarios, colaboradores y simpatizantes.
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La respuesta del Gobierno: comunicado oficial CP-003-2026
Tras la difusión de estas declaraciones, el Gobierno de la República respondió con el comunicado oficial CP-003-2026, fechado el lunes 19 de enero de 2026. En el documento, el Ejecutivo se refiere a las palabras del candidato como “temerarias declaraciones” y enmarca su reacción en defensa del funcionamiento institucional del Estado costarricense.
El Gobierno indica que le “preocupa que un aspirante presidencial desconozca principios básicos sobre el funcionamiento del Estado costarricense”. Como eje central de su argumento, subraya que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de cerrar negocios por “capricho” ni de forma arbitraria, desmintiendo así la idea de que pueda usar esa facultad como mecanismo de castigo político contra quienes apoyen a una determinada candidatura.
“Si tiene pruebas, que las presente; si no, que deje de mentir”
El comunicado cierra con un mensaje directo dirigido a Aguilar. El Ejecutivo lo insta a que, si cuenta con pruebas concretas de las supuestas amenazas o de un uso indebido del poder estatal para presionar a colaboradores y financiistas, las presente ante las instancias correspondientes. En caso contrario, el texto oficial le exige que “deje de mentir”, marcando una posición frontal frente a las acusaciones lanzadas por el candidato de Avanza.
De esta forma, el intercambio entre Aguilar y el Gobierno eleva la tensión en medio de la campaña, al mezclar denuncias de intimidación a simpatizantes con una respuesta institucional que apela a la legalidad, los límites del Poder Ejecutivo y la carga de la prueba sobre quien formula los señalamientos.

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