Sicariato ahora se castiga con penas de 20 a 40 años de cárcel tras una reforma aprobada por 42 diputados para endurecer la lucha contra el narcotráfico.

Sicariato tendrá penas de hasta 40 años de cárcel tras reforma aprobada por 42 diputados
Sicariato será castigado con mayor severidad en Costa Rica luego de que 42 diputados aprobaran de forma unánime una reforma al Código Penal. La nueva ley responde al aumento del crimen vinculado al narcotráfico y al crimen organizado y busca enviar una señal de mano dura contra este tipo de delitos. Con la votación, el Congreso dejó en firme penas que van desde los 20 hasta los 40 años de cárcel para quienes maten a otra persona por encargo o a cambio de dinero.
Reforma al Código Penal y nuevas penas
El texto aprobado adiciona los artículos 112 bis y 280 bis al Código Penal. En esos nuevos artículos se establecen los rangos de pena de entre 20 y 40 años de prisión para el autor material del homicidio por encargo. Se trata de una respuesta directa al fenómeno del sicariato, que en los últimos años ha estado asociado al accionar de estructuras ligadas al narcotráfico y al crimen organizado.
Durante la discusión, se planteó que la consulta realizada previamente dejaba el panorama abierto, pero indicaba que el proyecto debía votarse en las condiciones actuales. Una de las preocupaciones señaladas fue la coexistencia del nuevo artículo 112 bis con el inciso 9 del artículo 112 del mismo código, que se mantiene vigente. Algunos señalaron que, en un caso concreto, un juez deberá escoger entre las normas aplicables y tomar en cuenta la ley más favorable para la persona acusada.
Debate sobre la aplicación de la ley más favorable
En el plenario se explicó que, al mantenerse la vigencia del inciso 9 del artículo 112, y al introducir el 112 bis, podría darse una situación en la que el juez deba decidir cuál norma aplicar. Se advirtió que, si una de las disposiciones prevé penas más bajas, podría resultar más beneficiosa para la persona procesada. Ante esa realidad, se recordó el principio jurídico que obliga a aplicar la ley más favorable al imputado cuando existen dos marcos punitivos posibles.
Pese a estas observaciones, se concluyó que la consulta realizada no impedía la votación del proyecto. Legisladores señalaron que la figura del sicariato, aunque no aparece con ese nombre en el Código Penal, sí está descrita en cuanto a su comportamiento. Destacaron que ya existe un número importante de personas enjuiciadas y condenadas por hechos de esta naturaleza, lo que refuerza la necesidad de contar con un marco sancionatorio más claro y severo.
Señal política e internacional contra el crimen organizado
La votación unánime fue destacada por quienes impulsaron la reforma. Hubo agradecimientos a todas las fracciones y diputaciones que apoyaron el proyecto hasta convertirlo en una realidad. Se subrayó que, además de reforzar la respuesta interna frente al sicariato, la medida busca dar una señal a nivel internacional de que Costa Rica está dispuesta a combatir el narcotráfico, el crimen organizado y la violencia asociada a estos fenómenos.
Según lo expuesto en el plenario, la reforma pretende dejar claro que el país no tolerará que el sicariato se consolide como una práctica habitual en los conflictos entre grupos criminales. Al aumentar los rangos de pena y definir con mayor precisión el tipo penal, se busca desalentar la contratación de asesinatos por encargo y reforzar el mensaje de que estos hechos tendrán consecuencias graves.
Castigos para quienes promuevan o financien el sicariato
Además de la sanción directa al autor material del homicidio por encargo, la nueva ley incorpora penas para quienes estén detrás de la estructura que facilita el sicariato. Se contemplan castigos de entre 3 y 5 años de prisión para quienes promuevan, financien, ofrezcan o impartan entrenamientos relacionados con esta práctica criminal. Con ello, la reforma no solo alcanza a quien ejecuta el crimen, sino también a quienes lo organizan, apoyan o entrenan a otros para cometerlo.
Esta dimensión preventiva y disuasoria busca atacar la cadena completa del delito. Al sancionar a quienes financian o entrenan a sicarios, se pretende dificultar la profesionalización de estas estructuras y reducir su capacidad operativa. La idea es que la respuesta penal no se limite al eslabón final del homicidio, sino que abarque también los pasos previos que hacen posible este tipo de crímenes.
Entrada en vigencia de la nueva normativa
La nueva ley entrará a regir una vez que sea publicada en el diario oficial La Gaceta. A partir de ese momento, los tribunales contarán con los nuevos artículos 112 bis y 280 bis para procesar los casos de homicidios cometidos por encargo o a cambio de dinero, así como las conductas de promoción, financiamiento y entrenamiento relacionadas con el sicariato.
Con esta reforma, el país ajusta su marco penal al contexto actual de criminalidad ligada al narcotráfico y al crimen organizado. La expectativa de los legisladores es que el endurecimiento de las penas y la mayor claridad normativa contribuyan a enfrentar con mayor firmeza este fenómeno y a reforzar la sensación de seguridad y justicia entre la población.
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