La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, formalizó su renuncia a la plaza en propiedad que ocupaba en el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), con efecto a partir del 16 de febrero de 2026, tras un criterio jurídico que impedía el uso de vacaciones acumuladas bajo su nueva condición política.
La decisión se produjo luego de analizar el dictamen PGR-C-176-2025 de la Procuraduría General de la República, el cual establece que el disfrute o traslado de vacaciones en puestos de confianza no resulta jurídicamente procedente si puede afectar la gestión pública.
Dictamen legal obliga renuncia al cargo
Fernández comunicó la decisión mediante una carta dirigida al ministro de Mideplan, Marlon Navarro Álvarez, el mismo día en que entró en vigor su renuncia.
Inicialmente, la mandataria electa valoró utilizar vacaciones acumuladas para evitar un gasto adicional al Estado; sin embargo, el criterio legal determinó que esa alternativa no era viable.
Servicio Civil y régimen de confianza
El dictamen citado advierte que el traslado de vacaciones desde una plaza en propiedad hacia un puesto de confianza podría generar inconsistencias administrativas y afectar la continuidad del servicio público.
Ante este escenario, la funcionaria optó por renunciar a su plaza bajo el régimen del Servicio Civil para evitar cuestionamientos legales o administrativos.
Proceso de sustitución quedará sujeto a Hacienda
Mideplan informó que iniciará el proceso de sustitución del puesto conforme a la normativa vigente, el cual deberá contar con autorización de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria (STAP) del Ministerio de Hacienda.
La institución también agradeció los años de servicio de Fernández Delgado como Profesional del Servicio Civil 2 en el Área de Modernización del Estado.
Transición hacia la Presidencia
La renuncia se enmarca en el proceso de transición tras su elección como Presidenta de la República el pasado 1.º de febrero.
Expertos en administración pública señalan que este tipo de decisiones busca evitar conflictos legales y garantizar transparencia en el manejo de recursos públicos durante el cambio de funciones.
Renuncia refuerza principio de legalidad administrativa
El paso dado por la mandataria electa responde a la necesidad de cumplir con criterios jurídicos y asegurar la correcta gestión de los recursos del Estado.
La medida también busca prevenir cuestionamientos sobre beneficios laborales incompatibles con el ejercicio de cargos políticos de confianza, un aspecto especialmente sensible en periodos de transición gubernamental.
Fuente: Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica.
