Querella disciplinaria deja en firme la suspensión de 15 días sin salario del alcalde de San José y motiva sesión extraordinaria del Concejo.
La querella disciplinaria contra el alcalde de San José, Luis Diego Miranda Méndez, entró en fase de ejecución luego de que la sanción de suspensión por 15 días naturales sin goce de salario quedara en firme. Una mayoría calificada del Concejo Municipal informó a la ciudadanía que todas las vías recursivas, tanto administrativas como judiciales, fueron agotadas sin que se modificara ni anulara el acuerdo original que impuso la medida. La sanción se basa en el incumplimiento, por parte del alcalde, de un acuerdo firme y vinculante adoptado previamente por el Concejo Municipal, lo que fue considerado una infracción al deber de probidad.
Querella disciplinaria firme tras agotar recursos
De acuerdo con el comunicado, la querella disciplinaria contra el alcalde se tramitó mediante un procedimiento con órgano investigador y con todas las garantías previstas en la normativa vigente. Durante meses, Miranda Méndez interpuso diferentes recursos de revocatoria y apelación, pero todos fueron rechazados o declarados improcedentes por las instancias administrativas y judiciales competentes.
La inexistencia de procesos pendientes en sede administrativa o judicial habilita plenamente la ejecución de la sanción disciplinaria acordada por el Concejo Municipal. Para la mayoría calificada de regidores, el caso envía un mensaje de que el incumplimiento de acuerdos firmes del Concejo, por parte de la Alcaldía, no puede quedar sin consecuencia y debe ser sancionado en defensa del principio de probidad.
Ruptura en la sesión y maniobra para frenar la suspensión
La tensión política aumentó en la sesión del 17 de febrero de 2026, cuando se incorporó en el orden del día la notificación formal de la sanción al alcalde derivada de la querella disciplinaria. En ese contexto, la Presidencia Municipal, afín a la administración de Miranda Méndez, procedió a cerrar la sesión de forma abrupta. Esta acción impidió que el Concejo discutiera el punto y ejerciera de inmediato su potestad de aplicar la suspensión.
Frente a este proceder, 9 de los 11 regidores propietarios anunciaron que solicitarán al alcalde la convocatoria de una sesión extraordinaria el jueves 19 de febrero de 2026, a las 13:00 horas, en el edificio Tomás López de El Corral. El objetivo es que el Concejo conozca un único punto en agenda: la “Moción de varios regidores para ratificar y ejecutar la sanción de suspensión por quince días naturales sin goce de salario impuesta al señor Alcalde Municipal mediante el acuerdo 23 de la Sesión Ordinaria No. 077 del 21 de octubre de 2025”.
Sesión extraordinaria y respaldo legal a la medida
En la solicitud formal remitida al alcalde, los regidores propietarios fundamentan su actuación en el artículo 17 inciso m) del Código Municipal, que les permite requerir la convocatoria a sesión extraordinaria. La querella disciplinaria y la sanción asociada se pretende ratificar y ejecutar en esa sesión, aprovechando que la nota cuenta con la firma de nueve regidores, cifra que supera el mínimo legal de una tercera parte del cuerpo para hacer la petición.
Los firmantes agradecen que se proceda conforme al ordenamiento jurídico y recalcan que la sesión extraordinaria tendrá un único punto en agenda, centrado en la ejecución de la suspensión ya acordada. Con ello, la mayoría busca impedir que nuevas maniobras procedimentales sigan postergando la aplicación de la sanción que, a su criterio, ya se encuentra firme y ejecutable.
Mayoría calificada: nadie por encima de la ley
La mayoría calificada del Concejo Municipal insiste en que la querella y el procedimiento sancionatorio se llevaron a cabo con apego a las garantías legales y a la normativa vigente. Resaltan que la recomendación del órgano investigador fue acogida por el Concejo y posteriormente respaldada por la falta de éxito de los recursos interpuestos por el alcalde en distintas instancias.
En su mensaje público, esa mayoría reafirma que nadie está por encima de la ley y que la correcta gestión pública exige respeto a los acuerdos firmes y a los procedimientos administrativos. Al mismo tiempo, reiteran su compromiso con la transparencia, la probidad y la rendición de cuentas en el gobierno local, en un contexto donde la confianza ciudadana depende de cómo se resuelven este tipo de casos de querella disciplinaria.
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