El Ministerio Público confirmó la apertura de una investigación penal en Costa Rica relacionada con los llamados “archivos de Jeffrey Epstein”, documentos que han sacudido la opinión pública internacional al revelar detalles sobre una red de explotación sexual vinculada al fallecido magnate estadounidense. La decisión fue instruida directamente por el fiscal general de la República, Carlo Díaz, quien ordenó a la Fiscalía Adjunta de Género iniciar las pesquisas para determinar si se cometieron delitos en suelo costarricense o si existen conexiones locales con la trama global de abusos.
El caso se tramita bajo el expediente 26-000155-0994-PE y se enfoca, preliminarmente, en presuntos abusos sexuales en perjuicio de una persona menor de edad. Por el momento, la causa se maneja “contra ignorado”, lo que significa que no hay imputados individualizados en esta etapa inicial. Sin embargo, la apertura del expediente marca un hito judicial, ya que oficializa el interés del Estado costarricense en esclarecer cualquier vínculo que la red de Epstein haya podido tener en el país, un tema que ha generado especulaciones desde que se hicieron públicos los documentos desclasificados en Estados Unidos.
Investigación bajo la lupa de la Fiscalía de Género
El fiscal general explicó que la instrucción de abrir la causa responde a la gravedad de los hechos mencionados en los archivos internacionales y a la obligación del Ministerio Público de perseguir cualquier delito de índole sexual, especialmente cuando involucra a personas menores de edad. La Fiscalía Adjunta de Género asumirá la dirección funcional del caso, aunque no se descarta que, conforme avance la investigación, se integren otros despachos especializados, como la Fiscalía de Trata de Personas o la Fiscalía de Niñez y Adolescencia.
Además, se valora la posibilidad de solicitar apoyo a la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (OATRI) del Ministerio Público. Esta unidad sería clave para gestionar la cooperación judicial con autoridades de Estados Unidos y otros países donde se llevan procesos similares, facilitando el acceso a pruebas, testimonios o documentos oficiales que puedan robustecer el expediente local. La complejidad de una red internacional como la de Epstein exige una coordinación transfronteriza para rastrear movimientos, propiedades o posibles víctimas que hayan estado en Costa Rica.
Reserva del caso y expectativas sobre el proceso
Las autoridades judiciales enfatizaron que el proceso se encuentra en una fase preparatoria que es privada para terceros, amparada en el artículo 295 del Código Procesal Penal. Esto implica que, por ahora, no se brindarán detalles específicos sobre las diligencias que se están ejecutando, con el fin de no entorpecer la recolección de evidencia ni alertar a posibles involucrados. El fiscal Díaz aseguró que se actuará con rigor para determinar la veracidad de las informaciones y deducir responsabilidades si corresponde.
La apertura de esta investigación coloca a Costa Rica en la lista de países que han decidido indagar formalmente las ramificaciones del caso Epstein, un escándalo que ha salpicado a figuras políticas, empresariales y de la realeza a nivel mundial. Para el sistema judicial costarricense, el reto será profundizar en los indicios y establecer si el país fue utilizado como escenario para cometer ilícitos o como refugio para integrantes de la red, garantizando justicia para las posibles víctimas mencionadas en los archivos.
Con información para STAY TV: STAY TV
