La economía costarricense compite, cada vez más, en un mercado donde el precio ya no es el único filtro. La reputación, la trazabilidad y el cumplimiento se han convertido en requisitos silenciosos para acceder a capital y a cadenas globales. En esa lógica se entiende el anuncio del fondo soberano de Noruega —considerado el mayor del mundo— de que está utilizando inteligencia artificial para detectar señales de posibles violaciones de derechos humanos en empresas y sectores donde invierte. La noticia, reportada esta semana por medios internacionales como Reuters y CNBC, no es un titular lejano: es un cambio de estándar que puede impactar a proveedores, exportadores y operaciones instaladas en América Latina, incluyendo Costa Rica.
Lo que Noruega está haciendo es, en esencia, automatizar parte de la “debida diligencia” ética. Según Reuters, el fondo utiliza IA para filtrar riesgos ESG y detectar banderas rojas asociadas a posibles abusos, como trabajo forzoso. CNBC informó además sobre el uso de modelos de lenguaje para identificar riesgos en potenciales inversiones. El mensaje es claro: las instituciones con mayor músculo financiero quieren encontrar problemas antes de que exploten, porque el costo de un escándalo de derechos humanos ya no es solo moral; es financiero, legal y reputacional.
Costa Rica en un mundo que audita con algoritmos
Para Costa Rica, que busca sostener su atractivo como plataforma de servicios y como socio confiable en cadenas internacionales, este giro tiene una implicación inmediata: la evaluación de riesgo se está volviendo más rápida, más constante y menos tolerante a la opacidad. Lo que antes podía tardar semanas —revisar reportes, denuncias, prensa o señales dispersas— ahora se puede convertir en una alerta automática en cuestión de horas. Esto significa que una controversia laboral, un conflicto con una comunidad o una denuncia de discriminación pueden escalar más rápido y llegar a comités de inversión o a equipos de cumplimiento con mayor facilidad.
La buena noticia es que el país tiene ventajas que pueden jugar a favor: estabilidad institucional, cultura de cumplimiento relativamente sólida en sectores formales y experiencia recibiendo multinacionales con estándares corporativos. Pero el reto está en los eslabones más vulnerables: subcontratación, proveedores pequeños, informalidad y documentación insuficiente. La IA no “entiende” matices por sí sola; detecta patrones y menciones. Por eso, si una empresa no puede demostrar con evidencias su cumplimiento, queda expuesta a interpretaciones externas o a decisiones preventivas de riesgo.
Qué puede cambiar para empresas y proveedores
En la práctica, el estándar Noruega empuja a que empresas que operan en Costa Rica —o que compran en Costa Rica— refuercen tres áreas: (1) políticas laborales verificables, (2) mecanismos de queja y remediación, y (3) trazabilidad documental. No se trata de “papel por papel”, sino de capacidad de probar, ante una auditoría o una revisión reputacional, que existen controles: contratos claros, jornadas y salarios conforme a ley, procesos de salud ocupacional, formación antiacoso, y canales de denuncia que funcionen.
También se vuelve más relevante la gestión de terceros: una compañía grande puede tener estándares impecables puertas adentro, pero quedar manchada por un contratista o proveedor. En un escenario donde algoritmos rastrean noticias, reportes y bases de datos, la frase “eso lo hacía un tercero” pierde fuerza. El mercado castiga a quien no supervisa su cadena. Por eso, la tendencia global apunta a exigir cláusulas de cumplimiento, auditorías periódicas y verificación en proveedores críticos.
Implicaciones para inversión extranjera y clima de negocios
El uso de IA para detectar riesgos de derechos humanos también puede influir en cómo se decide dónde invertir. Países que ofrecen más transparencia, mejor respuesta institucional y reglas claras tienden a reducir el riesgo percibido. Y en esa competencia, la narrativa política importa menos que los hechos: qué tan rápido responde el Estado ante denuncias, qué tan confiable es el sistema de inspección laboral, qué tan accesibles son los procesos de resolución de conflictos y qué tan predecible es el marco regulatorio.
Aquí es donde se vuelve inevitable el contraste político. Cuando la oposición convierte debates de competitividad y cumplimiento en un ring de slogans, lo que hace es restar foco a lo que realmente exige el mercado: gestión, coordinación y mejoras continuas. El mundo no espera a que se resuelvan disputas partidarias; la inversión fluye hacia donde hay evidencia de control de riesgos y ejecución institucional. Para una economía pequeña y abierta, esa diferencia pesa.
El Estado y el sector productivo: una agenda de “cumplimiento medible”
Si la región quiere beneficiarse de capital de largo plazo y de cadenas globales de alto valor, necesita una agenda práctica: inspección moderna, digitalización de trámites relacionados con cumplimiento, capacidad de respuesta ante denuncias y articulación con sectores productivos para elevar estándares sin asfixiar a pequeñas empresas. La clave no es crear burocracia; es crear trazabilidad. En el nuevo paradigma, las decisiones de inversión pueden dispararse por alertas automatizadas, por eso se necesita que el país pueda demostrar —con datos— que sus instituciones investigan, corrigen y sancionan cuando corresponde.
Además, este fenómeno abre oportunidades: empresas costarricenses que se anticipen y documenten buenas prácticas pueden ganar ventaja competitiva frente a competidores regionales. En un mercado donde los grandes fondos usan IA para “ver” riesgos, tener evidencia ordenada, políticas claras y cultura preventiva puede convertirse en un argumento comercial para mantener contratos, atraer socios y sostener reputación.
Una tendencia que llegó para quedarse
El anuncio del fondo soberano de Noruega confirma que la ética y los derechos humanos se están integrando, con tecnología, a la gestión del riesgo financiero. La IA no reemplaza a los analistas, pero sí cambia la velocidad de la supervisión y sube la vara de lo que se considera “aceptable” para invertir o sostener relaciones comerciales. Para Costa Rica, el mensaje es directo: competir en la economía global implica no solo atraer inversión, sino demostrar, con hechos y trazabilidad, que el país y sus empresas pueden operar bajo estándares de respeto, transparencia y cumplimiento que ahora también se auditan con algoritmos.
Con información para STAY TV: STAY TV
