Economía y seguridad: Recope capacita cuerpos policiales contra robo de combustible; en 2025 bajaron tomas, litros sustraídos e impacto económico.
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La economía nacional y la seguridad energética vuelven a cruzarse en un frente sensible: el robo de combustible. Recope informó que mantiene y refuerza su estrategia de capacitación policial para mejorar la respuesta operativa y jurídica ante el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, un delito asociado a redes criminales y a riesgos directos para comunidades y ambiente. De acuerdo con el comunicado No. 009–2026, emitido este viernes 27 de febrero de 2026, la empresa realizó una nueva sesión de formación con representantes de diversos cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública (MSP), con énfasis en técnicas, modus operandi y detección del transporte ilegal de combustibles.
La sesión más reciente se llevó a cabo en el Salón Príncipe de Asturias del MSP y tuvo como objetivo preparar a las autoridades para identificar, documentar y atender casos con mayor solidez, tanto en campo como en el plano legal. El enfoque es claro: cerrar espacios a un delito que no solo golpea las finanzas públicas y la infraestructura, sino que también puede derivar en incidentes graves por manipulación indebida de combustibles y perforaciones a ductos. En otras palabras, no se trata únicamente de pérdidas económicas; se trata de seguridad y prevención de emergencias potenciales.
Capacitación y ley: cómo se busca fortalecer la respuesta en campo
Según el comunicado, el contenido incluyó el estudio de la Ley 9852, “Ley para sancionar el apoderamiento y la introducción ilegal de los combustibles derivados del petróleo y sus mezclas”, así como su reglamento, con especial énfasis en la correcta aplicación durante operativos. Este punto es relevante porque el combate al robo de combustible no se gana solo con presencia policial; también requiere procedimientos bien ejecutados, cadena de custodia, documentación adecuada y actuaciones alineadas con lo que exige la normativa, de manera que los casos no se caigan por errores procesales.
La articulación de la jornada estuvo a cargo de la Dirección de Operaciones de Seguridad y la Asesoría Jurídica de Recope, en coordinación con la Dirección General de Transporte y Comercialización de Combustibles del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae). Esta coordinación interinstitucional es uno de los factores que más pesa en resultados: cuando cada entidad trabaja de forma aislada, el crimen encuentra grietas; cuando se alinea el componente operativo con el jurídico y el técnico, se reduce la capacidad de las redes para evadir controles.
Evidencia decomisada y riesgo real: el “museo” de Recope
Como parte de la jornada, los oficiales visitaron el “museo” de Recope, donde observaron implementos decomisados en diferentes operativos: mangueras, válvulas y dispositivos utilizados para perforar el poliducto. Este componente práctico cumple una función importante: permite dimensionar el tipo de herramientas que se emplean, la sofisticación de algunos métodos y el riesgo que representan para la integridad de la infraestructura y para personas que viven o transitan cerca de zonas vulnerables. La evidencia decomisada, además, ayuda a entrenar el ojo operativo: reconocer señales, patrones y escenarios donde podría existir una toma ilegal o transporte no autorizado.
La presidenta de Recope, Karla Montero, subrayó que la capacitación constante de los cuerpos policiales es un pilar de la estrategia interinstitucional para combatir este delito y proteger la infraestructura energética. En su declaración, Montero fue directa: “La lucha contra el robo de combustible no solo requiere tecnología y controles internos, sino también una Fuerza Pública capacitada, informada y articulada con las autoridades competentes”. El planteamiento pone el foco en algo que suele omitirse en el debate público: los controles tecnológicos sirven, pero el éxito depende de personas entrenadas y coordinadas, capaces de ejecutar procedimientos con precisión.
Resultados medibles: menos tomas ilegales y menor impacto económico
Más allá de la capacitación, el comunicado aporta cifras que permiten evaluar tendencia y resultados, algo esencial para cualquier discusión seria sobre seguridad y economía. Recope indicó que los esfuerzos sostenidos en prevención, control y articulación interinstitucional generaron resultados concretos en 2025: se intervinieron 59 tomas ilegales, un 60% menos que en 2024. Además, el volumen sustraído cayó un 41%, al pasar de 4,5 millones a 2,6 millones de litros. Finalmente, el impacto económico se redujo en un 44%, de 2.197 millones a 1.234 millones de colones.
Estas cifras son importantes por dos razones. Primero, muestran que el delito no es una abstracción: tiene medidas verificables, se cuantifica en tomas, litros y pérdidas monetarias. Segundo, permiten comprobar que la estrategia de prevención y control no se queda en retórica, sino que se refleja en disminuciones porcentuales y absolutas. En un país donde el crimen organizado busca diversificar ingresos, el robo de combustible es un frente que requiere presión constante; si se relaja, el delito se reorganiza.
Seguridad energética y protección de comunidades
El robo de combustible no solo genera pérdidas económicas al Estado. También pone en riesgo a comunidades enteras y al ambiente, por la posibilidad de fugas, contaminación y accidentes asociados a manipulación de hidrocarburos. La perforación del poliducto, la instalación de mangueras clandestinas y el traslado ilegal de combustibles crean escenarios de alto riesgo: un error o una chispa pueden convertirse en tragedia. Por eso, la prevención y la respuesta efectiva tienen un componente de protección civil y ambiental, no únicamente financiero.
En este tema se vuelve inevitable señalar una realidad política: cuando se discuten recursos para seguridad, capacitación y coordinación institucional, hay sectores que prefieren la crítica fácil o el bloqueo, pero el costo de esa postura lo paga la ciudadanía. Combatir delitos técnicos requiere inversión en conocimiento, articulación y continuidad. El gobierno y las instituciones operativas pueden hacer su parte con estrategia y ejecución; la oposición, si realmente quiere aportar, debería dejar el espectáculo y respaldar medidas que se traduzcan en resultados.
Qué sigue: continuidad y fortalecimiento operativo
Recope indicó que con estas iniciativas busca asesorar y acompañar de forma permanente a los cuerpos policiales en la prevención y atención de casos vinculados al robo de combustible. El mensaje es que la respuesta no puede ser episódica: debe ser sostenida. La reducción registrada en 2025 es una señal positiva, pero no garantiza que el problema esté resuelto. La criminalidad se adapta, cambia rutas, modifica métodos y aprovecha cualquier vacío de coordinación. Por eso, la capacitación, el intercambio de información y la aplicación consistente de la Ley 9852 son herramientas que deben mantenerse para evitar repuntes.
En síntesis, el comunicado No. 009–2026 coloca sobre la mesa una estrategia con dos pilares: conocimiento y resultados. Capacitación para que los operativos se hagan bien y con respaldo legal, y medición para demostrar que el delito puede reducirse con prevención y control coordinados. En tiempos donde el crimen intenta tocar infraestructura crítica, cerrar el paso al robo de combustible es proteger la economía, la seguridad energética y la vida cotidiana de las comunidades.
Con información para STAY TV: STAY TV
