La Sala Constitucional anuló el pasado 27 de febrero de 2026 la subasta de frecuencias de radio y televisión impulsada por el Gobierno, en un fallo que determinó que los concursos licitados en septiembre de 2025 eran inconstitucionales al no incorporar de forma efectiva el pluralismo de medios y al utilizar la oferta económica más alta como único criterio de adjudicación, según confirmaron Delfino.cr, Infobae y el Semanario Universidad. La respuesta del Ejecutivo no se hizo esperar: la ministra de MISIT, Mary Munive, calificó el fallo de «desastroso y repudiable», rechazó abiertamente otorgarle respeto institucional y anunció que en un plazo de tres meses se publicará un nuevo concurso público para la adjudicación de las frecuencias.
El proceso que culminó en este fallo fue largo, técnico y marcado por filtraciones que generaron controversia antes de la publicación oficial. Según explicó la ministra Munive, los magistrados necesitaron nueve sesiones para deliberar y llegar a un acuerdo, evidenciando la complejidad técnica del tema. La tensión llegó al punto de que la diputada Vilma Ibarra anunció en su programa el viernes previo que ese día votarían los magistrados —lo que efectivamente ocurrió en cuanto al análisis, aunque no se emitió el fallo en esa fecha—, y La Nación publicó la sentencia media hora antes de que fuera divulgada por los canales oficiales de la Sala Constitucional.
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Frecuencias sin audiencia: MISIT y SUTEL quedaron fuera de la deliberación
Uno de los puntos más criticados por la ministra Munive fue que los magistrados tomaron su decisión sin dar audiencia al MISIT ni al SUTEL, a pesar de que ambas instituciones son las autoridades técnicas del sector. Munive explicó que, reconociendo la complejidad técnica del caso, tanto MISIT como SUTEL solicitaron proactivamente ser escuchados, y que tres magistrados —Fernando Castillo, Luis Fernando Salazar y Ana Mari Garro— apoyaron esa solicitud. Sin embargo, la mayoría del tribunal decidió no otorgar la audiencia, lo que la ministra calificó como un error de proceso con consecuencias directas en la calidad técnica del fallo.
Esta omisión cobra especial relevancia si se considera que el fallo versa precisamente sobre aspectos técnicos altamente especializados: modelos de concurso, criterios de adjudicación de espectro radioeléctrico, cobertura territorial y pluralismo mediático. Decidir sobre esos temas sin escuchar a los organismos con mayor expertise técnico en la materia es, en palabras del propio gobierno, una de las principales debilidades del razonamiento judicial.
La Contraloría en la mira: coherencia como parte del Estado de Derecho
La ministra también apuntó hacia la Contralora de la República, Marta Acosta, cuestionando la coherencia de su postura ante la Sala Constitucional. Munive recordó que durante el proceso de análisis del concurso, la Contraloría atendió y negó de facto 29 objeciones presentadas por empresas de la industria, para luego presentarse ante la Sala con una posición que, según la jerarca, contradijo sus propias resoluciones anteriores. «Señora Contralora, la coherencia también es parte del Estado de Derecho. Si no puede tenerla, mejor hacerse a un lado», fue el mensaje directo de Munive.
Lo que el fallo sí reconoció: el concurso público como único camino
A pesar del rechazo del gobierno al fallo, la ministra Munive fue enfática en señalar que la sentencia también contiene elementos favorables para los objetivos del Ejecutivo. El más importante: la Sala dejó claro que el concurso público es el único mecanismo válido para la adjudicación de frecuencias. Eso significa que las empresas de radio y televisión pueden despedirse definitivamente de las casi cien solicitudes de prórroga por veinte años adicionales que habían presentado, y que el Tribunal Contencioso Administrativo ya había rechazado en más de ochenta casos.
El mensaje del gobierno a la industria es directo: «Mejor se van olvidando de otro proceso para la adjudicación de frecuencias que no sea el concurso público». Las renovaciones automáticas —que implicaban pagos simbólicos como diez mil colones mensuales por canal— tampoco tienen futuro en este escenario.
La crisis de cobertura regional: la realidad que el valle central no ve
Uno de los argumentos más contundentes que esgrimió la ministra Munive para defender el proceso de licitación fue la grave desigualdad en la cobertura de radio y televisión abierta entre el Gran Área Metropolitana y el resto del país. Los testimonios recogidos de ciudadanos de Limón y otras regiones alejadas ilustran con crudeza esa brecha: en la Región Huetar Norte, la cobertura de televisión abierta no llega al 1%, lo que significa que el 99% de los habitantes debe pagar por cable si quiere ver televisión. En las regiones Brunca y Huetar Atlántica, la cobertura no alcanza el 8%.
Vecinos de Limón relataron que en lugar de emisoras costarricenses, sus radios captan señales panameñas, y que la televisión nacional prácticamente no existe sin pagar un servicio de cable. Esta realidad, que el gobierno ha denunciado durante casi un año, es el núcleo de su argumento: el espectro radioeléctrico es un bien público de todos los costarricenses, y su administración debe orientarse al interés público, no al beneficio de un grupo reducido de empresas privadas con décadas de uso preferencial del recurso.
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Nuevo concurso en tres meses: el gobierno no da el brazo a torcer
La ministra Munive cerró su intervención con una declaración que define la hoja de ruta del Ejecutivo: el gobierno tiene tres meses para publicar un nuevo concurso de frecuencias que corrija los aspectos señalados por la Sala Constitucional. La derrota judicial no es el final del proceso, sino una pausa que obliga a ajustar el diseño del concurso para hacerlo compatible con los criterios constitucionales de pluralismo y diversidad mediática.
El tono de la ministra fue inequívoco: «No vamos a tomar medidas de fuerza. Vamos a hacer lo que las leyes mandan. Respetamos al pueblo de Costa Rica». Y sobre el fallo en sí: «Consideramos este fallo desastroso y repudiable. A esa sarta de señores, que Dios los perdone porque mi respeto no lo tienen». Un mensaje que no deja espacio para interpretaciones ambiguas sobre la postura del gobierno ante una sentencia que, aunque deberá acatar, no reconoce como justa ni técnicamente fundamentada.
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