El hombre investigado por lanzar a una niña de 7 años contra unas bolsas de basura en el barrio Hospital Viejo de Pérez Zeledón fue liberado, pero no sin consecuencias judiciales. El Juzgado Penal de Pérez Zeledón avaló la solicitud del Ministerio Público y le impuso una serie de medidas cautelares que restringen de forma severa su libertad de movimiento y su capacidad de contacto con la menor y su madre. La Fiscalía Adjunta de Pérez Zeledón investiga al hombre de apellidos Rivera Solano como sospechoso del presunto delito de maltrato vicario, contemplado en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, según confirmaron CRHoy, TV Sur Pérez Zeledón y el propio Ministerio Público. Para seguir esta y otras noticias de actualidad, visite la sección de sucesos en STAY TV.
El caso conmocionó al país esta semana tras la viralización de un video que muestra al padrastro de la menor tomándola por la fuerza y empujándola con violencia contra bolsas de basura en plena vía pública. La causa se abrió de oficio por parte del Ministerio Público —es decir, sin que existiera una denuncia previa— a solicitud del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo que evidenció la capacidad del sistema judicial de actuar ante hechos de esta naturaleza incluso sin que la víctima o su familia inicien el proceso formal.
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Las medidas cautelares: qué le prohíben y qué le exigen a Rivera Solano
Tras tomarle la declaración indagatoria, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal la imposición de medidas cautelares, petición que fue avalada en la audiencia respectiva. Las restricciones son amplias y precisas. Según el comunicado del Ministerio Público, Rivera Solano tiene prohibido molestar, agredir, amenazar o maltratar a la menor por cualquier medio, ya sea de forma personal o a través de medios tecnológicos, redes sociales, mensajes de texto, llamadas telefónicas o por medio de terceras personas. Las mismas restricciones aplican en relación con la madre de la niña.
Adicionalmente, el imputado deberá trasladar su domicilio y tiene prohibición expresa de ingresar al Barrio Sinaí de Pérez Zeledón, según confirmaron tanto el Ministerio Público como medios locales como TV Sur Pérez Zeledón. Estas medidas buscan garantizar que tanto la menor como su madre queden fuera del alcance directo e indirecto del sospechoso mientras avanza el proceso judicial.
¿Qué es el maltrato vicario y por qué es relevante en este caso?
La figura jurídica bajo la cual se investiga a Rivera Solano es el maltrato vicario, un concepto relativamente reciente en el ordenamiento legal costarricense que se enmarca dentro de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres. Este tipo de violencia se caracteriza por el uso de los hijos o hijas —especialmente en contextos de pareja o expareja— como instrumento para causar daño emocional, psicológico o físico a la madre. El agresor no ataca directamente a la mujer: la ataca a través de los menores que ella tiene bajo su cuidado o afecto.
En el caso de Pérez Zeledón, la agresión física directa contra la niña de 7 años, realizada en presencia de la madre y captada en video, reúne los elementos que la Fiscalía considera suficientes para encuadrar la conducta dentro de esta figura. La tipificación es significativa: reconoce que el daño a la menor no fue un hecho aislado de violencia infantil, sino una manifestación de una dinámica más amplia de control y violencia dirigida también contra la figura materna.
La detención: un giro particular que marcó el caso
La forma en que el sospechoso fue detenido añadió un elemento inusual al proceso. Rivera Solano se presentó de manera voluntaria a los Tribunales de Justicia de Pérez Zeledón con la intención de interponer una denuncia, argumentando que había recibido amenazas y que temía por su vida, presumiblemente como consecuencia de la viralización del video. Al verificar su identidad, los funcionarios procedieron a su detención inmediata en el marco de la causa abierta de oficio, según reportaron Repretel y CRHoy.
El dato no es menor: el sospechoso llegó a buscar protección institucional ante las amenazas recibidas por redes sociales y terminó detenido por el mismo sistema al que acudió. La ironía procesal, sin embargo, no debe distraer del fondo del asunto: una niña de 7 años fue víctima de una agresión física violenta a manos de quien debía protegerla, y el Estado respondió con la celeridad que el caso exigía.
La situación de los menores: bajo resguardo familiar
Mientras el proceso judicial avanza, la niña de 7 años y su hermano de 1 año permanecen bajo el cuidado de sus abuelos maternos, decisión adoptada por el PANI como medida de protección inmediata, según confirmó la institución. Esta disposición garantiza que los menores se encuentren en un entorno seguro y estable, alejados tanto del sospechoso como de cualquier situación de riesgo, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones correspondientes.
El caso de Rivera Solano puso sobre la mesa, una vez más, la urgencia de fortalecer los mecanismos de detección temprana de violencia intrafamiliar en Costa Rica, especialmente en contextos donde los menores son utilizados como instrumentos de control o agresión. Las medidas cautelares impuestas son un primer paso judicial, pero el camino hacia la protección integral de estas dos criaturas —y de los miles de menores que enfrentan situaciones similares sin un video que las visibilice— exige una respuesta sostenida del Estado, las instituciones y la sociedad en su conjunto. Para más cobertura de sucesos y actualidad en Costa Rica, siga informándose en STAY TV Sucesos.
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