Inconstitucional: Miguel Guillén del PLN presenta acción ante la Sala IV por adhesión de Costa Rica a coalición contra cárteles sin aval legislativo.
«El Ejecutivo no puede arrastrar al país a esquemas militares sin autorización constitucional»
El secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén Salazar, presentó el 7 de marzo de 2026 una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra los actos del Poder Ejecutivo mediante los cuales Costa Rica fue vinculada a la «Joint Security Declaration» suscrita el 5 de marzo en Doral, Florida, y a la coalición hemisférica contra los cárteles anunciada el 7 de marzo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En su opinión y criterio personal como dirigente político y abogado, estos actos —ejecutados sin autorización de la Asamblea Legislativa— violan normas fundamentales de la Constitución Política y del bloque de juridicidad internacional vigente en Costa Rica, según el texto de la acción presentada ante la Sala IV, confirmada por CRHoy y Central NCR. Se trata de la postura personal y política de Guillén, no de una resolución judicial ni de un criterio jurídico oficial del Estado. Para seguir esta y otras noticias de actualidad nacional, visite la sección de noticias nacionales en STAY TV.
La acción de Guillén —la primera en presentarse ante la Sala IV en relación con este episodio— fue confirmada de forma independiente por CRHoy, Central NCR y el portal Acontecer. El caso generó de inmediato reacciones en el espectro político costarricense, con posiciones que van desde el respaldo a la impugnación hasta el cuestionamiento de su conveniencia. La presidenta del Partido Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, respondió directamente a Guillén afirmando que «la seguridad no puede ser obstáculo jurídico», según reportó Acontecer.
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Los actos impugnados: la firma del ministro Zamora y la cumbre del 7 de marzo
En su opinión jurídica y política, Guillén identifica dos actos concretos que constituyen el objeto de la impugnación. El primero es la firma atribuida a Costa Rica en la «Joint Security Declaration – Americas Counter Cartel Conference», suscrita el 5 de marzo de 2026 en Doral por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, en el marco de una conferencia organizada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ese documento establece, en opinión de Guillén, la intención de ampliar las relaciones de seguridad y defensa hemisférica, cooperar en narcoterrorismo e infraestructura crítica, y promover la doctrina de «Peace through Strength», según el texto de la acción presentada ante la Sala IV.
El segundo acto impugnado es la participación del presidente de la República en la cumbre del 7 de marzo, donde Trump anunció formalmente la coalición «Shield of the Americas», presentada públicamente como una alianza de naturaleza militar con 17 países participantes. La presencia del mandatario costarricense en ese acto, en opinión de Guillén, constituye un respaldo político que compromete al país sin el aval constitucional requerido, según el texto de la acción. Es importante subrayar que estas son valoraciones propias de Guillén como dirigente político, no pronunciamientos judiciales vinculantes.
El eje constitucional: artículo 12 y la división de poderes
El núcleo del argumento jurídico que Guillén presenta a título personal ante la Sala IV descansa en el artículo 12 de la Constitución Política, que proscribe el ejército como institución permanente. En su criterio, la eventual incorporación de Costa Rica a una coalición militar hemisférica contraviene directamente el espíritu y la finalidad de esa disposición. A ello suma las violaciones que identifica a los artículos 121, 146 y 147, que reservan a la Asamblea Legislativa competencias exclusivas en materia de aprobación de tratados internacionales, autorización para ingreso de tropas extranjeras y organización del ejército en casos excepcionales, según el texto de la acción.
En su análisis personal, la adhesión a una coalición militar sin participación legislativa constituye una «usurpación de competencias constitucionales» y un exceso manifiesto de poder bajo los artículos 9 y 11 de la Constitución, que consagran el principio de legalidad y la división de poderes. Guillén también invoca como precedente directo el voto 2004-09992 de la propia Sala Constitucional, que declaró inconstitucional el respaldo del Ejecutivo costarricense a la coalición que apoyó la invasión a Irak, por considerar que esa decisión contradecía la tradición pacifista del país y la Carta de la ONU, de acuerdo con el texto de la acción presentada ante la Sala IV.
Guillén responde a Chaves: «El país merece una respuesta sin evasivas»
En paralelo a la presentación de la acción constitucional, Guillén reaccionó públicamente a las declaraciones del presidente Rodrigo Chaves, quien habría afirmado no haber firmado ningún documento. La respuesta de Guillén fue directa en su declaración personal: «Nunca he afirmado que él firmara ese documento. En la Acción de Inconstitucionalidad que presenté, ante lo oscuro del actuar de Chaves, nunca lo consigné así», señaló Guillén, según el comunicado oficial de su autoría.
El secretario general del PLN recalcó, en su postura personal, que lo que ha señalado es que el ministro de Seguridad Pública sí suscribió la declaración, un hecho que califica de verificable y con implicaciones políticas y jurídicas que no pueden minimizarse. Ante la postura del presidente, Guillén planteó en su opinión una pregunta que, en su criterio, exige respuesta pública: «Si el Presidente asegura que él no firmó nada, ¿qué fue exactamente a hacer Costa Rica a esa cumbre y cuál es el verdadero alcance de nuestra participación en esa coalición?», según el comunicado oficial. Remarcó que no responderá a los «irrespetos usuales de don Rodrigo Chaves» y que «el país merece una respuesta sin evasivas», de acuerdo con la misma fuente.
La respuesta política: «La seguridad no puede ser obstáculo jurídico»
La presentación de la acción de Guillén no pasó desapercibida en el espectro político costarricense. La presidenta del Partido Pueblo Soberano, Mayuli Ortega, salió al paso con una posición contraria a la impugnación: «La seguridad no puede ser obstáculo jurídico», declaró Ortega, según reportó Acontecer. La frase sintetiza la tensión que existe entre quienes consideran que la lucha contra el crimen organizado justifica la cooperación hemisférica en los términos planteados por la coalición, y quienes —como Guillén, en su opinión personal— sostienen que esa cooperación tiene límites constitucionales que no pueden ser ignorados por el Ejecutivo.
Ese debate, que trasciende las fronteras del PLN y del gobierno, refleja una pregunta de fondo que la sociedad costarricense deberá responder en los próximos meses: ¿hasta dónde puede llegar la cooperación en seguridad internacional sin comprometer los principios que han definido la identidad civilista y pacifista del Estado costarricense desde 1948? La Sala Constitucional tendrá ahora la palabra, al menos en lo que respecta a la dimensión jurídica del debate. La respuesta que emita el tribunal será, en cualquier caso, un hito relevante en la historia constitucional del país. Para más cobertura de política y actualidad nacional, siga informándose en STAY TV Nacional.
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