El diputado Gilberto Campos (PLP) presenta proyecto de ley para modernizar el Código Penal y sancionar ofensas al honor agravadas en redes sociales.
El diputado y jefe de fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, ha presentado una iniciativa legal que busca actualizar el marco jurídico costarricense frente a la violencia digital. El proyecto de «Ley para garantizar la responsabilidad de las manifestaciones emitidas por redes sociales» pretende modernizar un Código Penal que data de 1970, el cual se considera obsoleto ante la velocidad y el alcance de las comunicaciones actuales.
La propuesta surge ante la necesidad de responder a un entorno comunicativo vertiginoso donde las informaciones difamatorias pueden propagarse con extrema rapidez, causando daños profundos al honor de las personas.
Ejes de la Ley de Responsabilidad Digital
- ✔ Ofensas Agravadas: Nueva figura para ataques en plataformas de amplio alcance.
- ✔ Intervención de la Fiscalía: El Ministerio Público asumirá la dirección de la investigación.
- ✔ Responsabilidad de Influencers: Sanciones específicas para actores con alta capacidad de difusión.
- ✔ Mecanismo de Jactancia: Obligación de probar acusaciones graves difundidas públicamente.
Fuente: STAY TV con datos del PLP
Creación de «Ofensas al Honor Agravadas»
El eje central de la reforma es la creación de la figura de «ofensas al honor agravadas». Esta categoría aplicaría cuando los agravios se realicen a través de redes sociales, medios de difusión masiva o comunicaciones electrónicas de amplio alcance. El proyecto enfatiza la responsabilidad de agentes con capacidad de influencia, como los denominados «influencers», debido al impacto masivo que sus mensajes tienen en la reputación de terceros.
El legislador argumenta que, en el contexto digital, las víctimas suelen estar en una posición de vulnerabilidad frente al poder de difusión de ciertos actores. Por ello, se busca que el Estado brinde herramientas más efectivas para equilibrar la balanza jurídica.
Ministerio Público asumirá la investigación penal
Una de las innovaciones procesales más relevantes es que estas ofensas se tramitarán como delitos de acción pública a instancia privada. Esto significa que, tras la denuncia inicial del afectado, la responsabilidad de la investigación y la persecución penal quedará en manos del Ministerio Público.
Con este cambio, se pretende evitar que la víctima deba enfrentar por sí sola procesos legales costosos y complejos para identificar a los autores de las ofensas o recolectar pruebas técnicas en el entorno virtual. La fiscalía será ahora la encargada de impulsar el caso una vez recibida la noticia del delito.
Cambio en la Persecución del Delito
La víctima debe costear e investigar el proceso de forma privada.
La Fiscalía lidera la investigación tras la denuncia del afectado.
El procedimiento de jactancia: Freno a los señalamientos sin pruebas
La iniciativa introduce el «procedimiento de jactancia», una herramienta para enfrentar casos donde una persona difunde acusaciones graves —como la atribución de delitos o nexos con el crimen organizado— asegurando tener pruebas. Mediante este mecanismo, el Ministerio Público podrá requerir formalmente al autor de las manifestaciones que aporte los sustentos de sus afirmaciones.
Si la persona no presenta las pruebas o si estas carecen de relevancia para sostener lo dicho públicamente, el afectado quedará habilitado para promover la acción penal por ofensas al honor agravadas. Con esto se busca combatir la impunidad en redes sociales y fomentar una cultura de responsabilidad digital.
Funcionamiento del Procedimiento de Jactancia
Este proyecto de ley representa un paso hacia la modernización de la justicia penal en Costa Rica, intentando que el derecho a la libertad de expresión no sea utilizado como un escudo para lesionar la integridad moral de los ciudadanos bajo el anonimato o el alcance masivo de internet.
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