Agricultura: Inversión de ₡5.500 millones reactivará a 23.958 productores afectados por las lluvias del año 2024.
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Impulso al campo: Gobierno destina ₡5.500 millones para reactivar a 23.958 productores
El Gobierno de la República ha formalizado este miércoles 25 de marzo de 2026 una inversión estratégica superior a los ₡5.500 millones destinada a la reactivación de la agricultura nacional. Estos recursos tienen como objetivo principal atender a 23.958 productores agropecuarios que sufrieron pérdidas significativas durante los eventos climatológicos de noviembre de 2024, asociados al efecto indirecto del huracán Rafael. La intervención, coordinada entre la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), busca devolver la capacidad productiva a miles de familias rurales que dependen de la tierra para su sustento. Para conocer más sobre el impacto económico en las regiones del país, puede visitar nuestra categoría Economía.
El impacto de las lluvias de finales de 2024 fue devastador para el sector primario. Los reportes técnicos del MAG detallaron una serie de afectaciones que incluyeron la erosión severa de suelos, el incremento de enfermedades fitosanitarias debido al exceso de humedad, la caída prematura de frutos y un deterioro crítico en las pasturas necesarias para el ganado. Además de los daños directos en los cultivos, el deterioro de los caminos de acceso a las fincas generó un cuello de botella logístico que limitó la comercialización de alimentos, golpeando duramente las economías locales de siete regiones productivas del país. Esta inversión institucional pretende subsanar esas brechas y asegurar la continuidad del suministro alimentario nacional.
Marco legal y planes de inversión de la CNE
La ejecución de estos fondos se desarrolla bajo el amparo del Decreto de Emergencia N.° 44754-MP, el cual faculta a las instituciones del Estado a agilizar los procesos de contratación y entrega de suministros en zonas de desastre. Hasta la fecha, la CNE ha aprobado un total de 11 planes de inversión específicos, mientras que otros cuatro se encuentran en proceso de trámite administrativo. Esta estructura financiera permite que los recursos lleguen de forma directa a los beneficiarios mediante la compra de insumos y materiales que son vitales para retomar el ciclo de siembra y cosecha en las zonas más vulnerables de la agricultura nacional.
Alejandro Picado, presidente de la CNE, destacó que el objetivo fundamental es recuperar la producción y apoyar a las familias rurales para garantizar la seguridad alimentaria de todos los costarricenses. El financiamiento proviene del Fondo Nacional de Emergencias, asegurando que el esfuerzo de quienes trabajan la tierra no se detenga por falta de capital operativo. La intervención alcanza siete regiones productivas, lo que demuestra un despliegue logístico de cobertura nacional que abarca desde la zona norte hasta las regiones costeras más apartadas.
Paquetes tecnológicos: Insumos para cada actividad
La asistencia técnica que brinda el MAG no se limita a la entrega de recursos económicos, sino que se traduce en paquetes tecnológicos diseñados según las necesidades específicas de cada sistema productivo. Estos paquetes incluyen fertilizantes, fungicidas, semillas certificadas, alimento para animales, minerales, ensilajes e insumos especializados para la apicultura. La diversidad de actividades atendidas es amplia, abarcando cultivos fundamentales para la dieta costarricense como el café, frijol, maíz y caña de azúcar, además de hortalizas, frutales, raíces y tubérculos.
En el ámbito pecuario, la intervención alcanza la ganadería bovina, porcicultura y avicultura, sectores que también sufrieron por la falta de forraje y el estrés hídrico de sus animales durante las inundaciones de 2024. La entrega de estos materiales productivos es supervisada por técnicos del MAG en cada región, asegurando que el uso de los insumos cumpla con los estándares de buenas prácticas agrícolas. Este acompañamiento es vital para que la inversión de ₡5.500 millones genere un impacto sostenible y no solo una solución momentánea a la crisis de agricultura que enfrentan estos sectores.
Transparencia en la ejecución mediante SICOP
Como mecanismo de garantía y trazabilidad, el Gobierno ha dispuesto que todos los procesos de compra se gestionen a través del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Esta medida asegura que la adquisición de fertilizantes, semillas y alimentos se realice bajo principios de competencia y transparencia, permitiendo una fiscalización ciudadana constante sobre el uso de los fondos de emergencia. El ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal Porras, indicó que este modelo de gestión permite que los productores retomen sus actividades en condiciones más estables, fortaleciendo el pilar fundamental de las comunidades rurales.
La reactivación de estas 23.958 unidades productivas es esencial para estabilizar los precios de los productos en el mercado local y evitar una dependencia excesiva de las importaciones. Cuando el productor nacional cuenta con los materiales necesarios para volver a producir, la dinámica económica de las zonas rurales se revitaliza, generando empleos indirectos en transporte, empaque y logística. La agricultura costarricense demuestra una vez más su capacidad de resiliencia ante el cambio climático, apoyada por una gestión institucional que prioriza el restablecimiento de la capacidad productiva de las fincas como eje motor de la recuperación nacional.
Compromiso con la seguridad alimentaria
Finalmente, la inversión de ₡5.500 millones se perfila como una de las intervenciones más ambiciosas para el sector rural en lo que va del presente cuatrienio. La coordinación entre el MAG y la CNE reafirma el compromiso del Estado con los productores que han sido históricamente el soporte de la alimentación nacional. El restablecimiento de los caminos de acceso y la entrega puntual de insumos son pasos determinantes para asegurar que el esfuerzo de quienes trabajan la tierra siga llegando a la mesa de todos los hogares. El sector de la agricultura continúa siendo un pilar estratégico para la soberanía nacional frente a los desafíos climáticos del siglo XXI.
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