Nacional: El Magistrado Orlando Aguirre defiende la labor del Poder Judicial y aclara competencias tras declaraciones de la Presidenta electa.
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Defensa del Estado de Derecho: Poder Judicial responde a Presidenta electa y rinde cuentas sobre seguridad
En un contexto de alta relevancia política para el país, el Magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, emitió este jueves 26 de marzo de 2026 un contundente pronunciamiento oficial. La declaración surge como respuesta directa a una misiva remitida por la Presidenta electa de la República, así como a sus recientes manifestaciones en conferencias de prensa, donde se cuestionó la eficacia de la institución en la lucha contra la criminalidad. Aguirre Gómez enfatizó que el Poder Judicial es un actor clave y proactivo en la contención de la delincuencia, operando siempre bajo el estricto respeto al debido proceso y las garantías constitucionales. Para profundizar en el pulso político de la transición de mando, puede visitar nuestra categoría Nacional.
El jerarca judicial fue enfático al señalar que la labor del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en estrecha coordinación con el Ministerio Público y con la autorización de jueces y juezas, permite el desarrollo diario de operativos y allanamientos en todo el territorio nacional. Aguirre defendió que la realidad de las detenciones y sentencias condenatorias constantes es innegable, destacando que la desarticulación de estructuras criminales es una tarea sistémica que no se detiene. Según el magistrado, el compromiso institucional es construir un país más seguro, pero manteniendo la integridad del Estado de Derecho frente a las presiones políticas coyunturales.
Aclaraciones sobre nombramientos y el caso Celso Gamboa
Uno de los puntos más críticos del comunicado fue la aclaración técnica sobre el nombramiento de magistrados. Orlando Aguirre recordó a la ciudadanía y a la administración electa que la Corte Suprema de Justicia no tiene la competencia constitucional para elegir a sus propios integrantes en propiedad. Esta facultad recae exclusivamente en la Asamblea Legislativa, órgano encargado de llevar adelante los procesos de selección y votación. Esta precisión es vital para disipar confusiones sobre la designación de figuras polémicas en el pasado, como el exmagistrado Celso Gamboa.
Aguirre aclaró que, si bien la Corte no lo eligió, fue la propia institución la que solicitó oportunamente al Congreso la destitución de Gamboa una vez que se vincularon pruebas de actos irregulares en su contra. Este hecho, según el presidente de la Corte, demuestra que el sistema judicial cuenta con mecanismos internos para examinarse y tomar decisiones correctivas cuando la ética de sus miembros se ve comprometida. La aclaración busca blindar la imagen del Poder Judicial ante narrativas que sugieren una supuesta inacción o complicidad interna en casos de corrupción de alto perfil.
Blindaje institucional contra el narcotráfico
Ante las preocupaciones sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas, el magistrado destacó las múltiples acciones preventivas que se han fortalecido en la última década. Desde el año 2017, el Poder Judicial cuenta con la Unidad de Investigación Sociolaboral y Antecedentes. Esta instancia realiza estudios rigurosos y sistemáticos sobre cada persona que aspira a ingresar o ascender dentro de la carrera judicial, analizando entornos y antecedentes para garantizar la idoneidad ética de los funcionarios. Este filtro es una barrera activa contra el avance del narcotráfico dentro de la judicatura.
Este esfuerzo de autoevaluación ha implicado la revisión de miles de expedientes en distintos niveles jerárquicos. Aguirre Gómez subrayó que estos avances han sido reconocidos internacionalmente por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). En informes recientes, este organismo destacó la gestión de conflictos de interés y la integridad institucional de Costa Rica, posicionando al país como un referente regional en la lucha contra la corrupción interna. La mención de la OCDE busca validar técnicamente los esfuerzos que, desde la presidencia de la Corte, se han impulsado para profesionalizar y transparentar el servicio de justicia.
Reforma al régimen sancionatorio y diálogo democrático
En el ámbito legislativo, el Poder Judicial ha impulsado de forma proactiva una reforma integral al régimen sancionatorio interno, la cual fue aprobada en primer debate esta misma semana por la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa pretende agilizar los procesos disciplinarios y establecer sanciones más firmes y ejemplarizantes frente a conductas indebidas de los funcionarios. Según Aguirre, esta reforma es una muestra clara de la voluntad de cambio y mejora en la respuesta institucional frente a las demandas de justicia y transparencia que exige la sociedad costarricense en 2026.
Finalmente, el magistrado Orlando Aguirre reiteró la disposición del Poder Judicial para sostener un diálogo «serio, franco y respetuoso» con el Poder Ejecutivo y la Presidenta electa, siempre dentro del marco de las competencias constitucionales de cada órgano. El comunicado cierra con un llamado a la cooperación interinstitucional responsable, advirtiendo que el país necesita instituciones capaces de escucharse sin debilitar los equilibrios que sostienen la democracia. El compromiso del Poder Judicial, según sus palabras, es fortalecer la confianza pública y contribuir a soluciones sostenibles para la seguridad nacional sin comprometer la independencia judicial.
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