Gobierno anuncia contención del gasto y ahorro del 15% para 2027. Cuestionan recursos guardados del Poder Judicial y exigen mayor eficiencia.
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Disciplina fiscal y pulso de poderes: Gobierno exige eficiencia y anuncia ahorro obligatorio del 15% para el 2027
Contención es la directriz que marcará el rumbo económico de todas las instituciones públicas del país bajo la administración de la presidenta Laura Fernández. El Poder Ejecutivo defendió con firmeza la implementación de nuevas medidas de disciplina fiscal, asegurando que el problema histórico del país no radicaba únicamente en el volumen de los ingresos tributarios, sino en la forma ineficiente en que se gastaban los recursos de los costarricenses[cite: 11]. Durante una exposición del gabinete ampliado, las autoridades señalaron la existencia de recursos ociosos y dinero guardado sin utilizar en diversas entidades del Estado[cite: 11].
Como parte de esta nueva etapa de ajuste financiero, el Gobierno oficializó que todas las instituciones estatales tendrán la obligación de recortar un 15% en sus presupuestos de cara al año 2027, con el fin de optimizar el uso de los fondos públicos[cite: 11]. Para ilustrar la medida, la mandataria realizó un ejercicio público con su equipo de ministros y presidentes ejecutivos para demostrar que ninguna entidad quebrará ni dejará de prestar servicios esenciales por ejecutar los recursos con mayor eficiencia[cite: 11]. Asimismo, el Ejecutivo adelantó que presentará un proyecto de ley para regular las exoneraciones fiscales y sancionar drásticamente la evasión, bajo la premisa de que pagar impuestos no puede ser un castigo para quienes cumplen con la ley[cite: 11].
Cuestionamientos directos al manejo financiero del Poder Judicial
La tensión entre los poderes de la República escaló cuando el Ejecutivo puso sobre la mesa los montos millonarios que, según sus cifras, algunas entidades mantienen inactivos en las arcas bancarias[cite: 11]. En su intervención, el equipo de gobierno cuestionó que el Poder Judicial disponga de sumas millonarias en colones y dólares catalogadas como «guardaditos» destinados a infraestructura o emergencias, mientras al mismo tiempo se argumenta una crisis presupuestaria[cite: 11].
El Ejecutivo calificó de injustificadas las advertencias sobre un supuesto colapso operativo o «golpe de Estado presupuestario» por parte del sistema judicial, reiterando que la exigencia de administrar con rigurosidad y transparencia no vulnera la institucionalidad[cite: 11]. Las autoridades enfatizaron que defender al pueblo de Costa Rica implica erradicar el desperdicio de recursos y garantizar que cada colón recaudado se traduzca en bienestar real para las familias trabajadoras y los sectores productivos que operan bajo la legalidad[cite: 11].
Con información para STAY TV: STAY TV
