Concesiones de radio y televisión cambian tras aprobarse el proyecto 24.461 en la Asamblea Legislativa, actualizando el canon y creando sanciones.
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Concesiones de radio y televisión cambian radicalmente tras la aprobación de la ley 24.461 en la Asamblea Legislativa
Concesiones de radio y televisión en Costa Rica experimentarán una profunda transformación estructural luego de que los diputados aprobaran el proyecto de ley 24.461. Esta nueva legislación llega para reformar de manera integral la centenaria Ley de Radio de 1954, estableciendo un marco regulatorio moderno que introduce reglas claras para el otorgamiento y manejo de las frecuencias, un nuevo régimen de sanciones administrativas y la esperada actualización del canon por el uso del espectro radioeléctrico[cite: 7, 8]. Con esta decisión, el país busca ordenar un sector estratégico que operaba bajo normativas obsoletas, garantizando que el aprovechamiento de este bien público genere recursos para su propia administración y para el desarrollo del ecosistema nacional[cite: 7, 8].
El camino hacia la aprobación del texto estuvo marcado por intensas negociaciones políticas y acuerdos legislativos estratégicos. Previos a la votación decisiva en el plenario, las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del oficialismo acordaron retirar un total de 110 mociones con el propósito de agilizar el avance y trámite de la iniciativa[cite: 8]. Asimismo, el proyecto cosechó el respaldo político de la bancada del Frente Amplio[cite: 8]. Como parte de los acuerdos alcanzados para perfeccionar el modelo normativo, se impulsarán posteriormente dos reformas complementarias: una orientada a ajustar el canon de manera específica a la realidad económica de las emisoras de radio y otra para asegurar que cualquier eventual retiro de una concesión se sustente de forma exclusiva en criterios técnicos objetivos[cite: 8]. Adicionalmente, sectores políticos han abogado por realizar una consulta de constitucionalidad para brindar absoluta seguridad jurídica y evitar vicios que pongan en riesgo la implementación de la reforma[cite: 8].
De tarifas obsoletas a un canon basado en ingresos brutos
Uno de los aspectos más polémicos y transformadores de la nueva normativa es la modificación radical en el sistema de cobro por el uso de las frecuencias radioeléctricas. Durante más de setenta años, los concesionarios del sector mantuvieron el privilegio de pagar un monto fijo anacrónico de apenas 120.000 colones al año, una cifra desproporcionada frente a las millonarias ganancias generadas por concepto de publicidad comercial por parte de las grandes empresas de radiodifusión[cite: 8]. Bajo el nuevo esquema aprobado, el canon se calculará de manera proporcional sobre los ingresos brutos derivados del aprovechamiento comercial de las frecuencias concesionadas[cite: 8]. La ley estipula que la tarifa máxima para los concesionarios de televisión será de hasta el 7,73%, mientras que para los operadores de radiodifusión sonora alcanzará un tope de hasta el 3,13%, dependiendo directamente del nivel de ingresos de cada empresa[cite: 8].
Esta nueva estructura de cobro provocó duras críticas y serias preocupaciones expresadas por sectores legislativos. Desde la bancada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la diputada advirtió sobre el riesgo latente de que las nuevas disposiciones financieras favorezcan una mayor concentración de la propiedad en el mercado de medios, afectando negativamente el pluralismo informativo[cite: 8]. Diversos analistas han advertido que el impacto más severo de estas tarifas no recaerá sobre las grandes cadenas nacionales de comunicación, sino sobre las pequeñas radioemisoras regionales, familiares y comunitarias, las cuales subsisten con márgenes financieros sumamente reducidos[cite: 8].
El valor social de la radio local y el destino de los recursos recaudados
En numerosos cantones y comunidades alejadas del territorio costarricense, la radio local no opera meramente como una empresa comercial, sino como el canal de comunicación indispensable mediante el cual las comunidades se enteran de emergencias, cierres de carreteras, avisos de evacuación ante desastres, campañas de salud pública, actividades cívicas y acontecimientos municipales que jamás tendrían cabida en los grandes noticieros nacionales[cite: 8]. Por esta razón, diversos sectores han enfatizado la urgencia de salvaguardar la subsistencia de estos medios comunitarios frente a cargas económicas desproporcionadas.
En cuanto al destino final de los recursos financieros recaudados a través del nuevo canon, el proyecto dispone una asignación equitativa del 50%. La mitad de los fondos se girará al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) para financiar de manera exclusiva la administración, control y planificación técnica del espectro radioeléctrico[cite: 8]. El 50% restante se destinará a robustecer el Fondo Nacional de Desarrollo Audiovisual, una herramienta concebida para apoyar y fomentar la producción de contenidos audiovisuales costarricenses[cite: 8].
Con información para STAY TV: STAY TV
