Diputada del PLN cuestiona la cantidad de escoltas y oficiales de tránsito asignados a la presidenta Laura Fernández y su gabinete en Casa Presidencial.
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Escoltas del Ejecutivo en la mira: PLN exige revelar el esquema de seguridad de la presidenta Laura Fernández y sus ministros
El uso de escoltas y los esquemas de protección para los altos jerarcas del gobierno se han convertido en el nuevo blanco de los cuestionamientos políticos desde la Asamblea Legislativa. En un momento histórico donde el Poder Ejecutivo de Costa Rica libra una batalla frontal contra las estructuras del crimen organizado y trabaja incansablemente para poner orden en la administración pública, la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) ha decidido enfocar sus esfuerzos de control político en indagar cuántos oficiales cuidan a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y a su gabinete de ministros. Mediante el oficio formal AL-FPLN-34-OFI-0069-2026, fechado este 30 de julio de 2026, la diputada liberacionista Janice Sandí Morales solicitó a la Casa Presidencial un desglose detallado de los funcionarios policiales y de tránsito asignados a las comitivas oficiales, abriendo un debate sobre los límites de la fiscalización y la prudencia en materia de seguridad nacional.
La misiva legislativa, amparada en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, así como en la Ley Reguladora del Derecho de Petición (Ley N.° 9097) y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, expone una interesante paradoja discursiva. Por un lado, la diputada de oposición reconoce abiertamente que, dada la altísima investidura de la mandataria, es su derecho inalienable y su deber ineludible hacerse acompañar por personas funcionarias que puedan garantizar su seguridad e integridad física en todo momento. Sin embargo, a renglón seguido, la legisladora exige conocer con exactitud matemática el número de efectivos policiales que resguardan los traslados diarios de la Presidencia de la República, de las vicepresidencias y de las distintas carteras ministeriales, una información que, por su naturaleza táctica, suele manejarse con enorme reserva en cualquier país del mundo para no vulnerar la protección de sus líderes.
Las exigencias específicas del PLN sobre las comitivas
El documento enviado por la legisladora Sandí no se limita a una consulta general, sino que exige una radiografía operativa completa de los movimientos del Poder Ejecutivo en las carreteras nacionales. En concreto, la petitoria solicita a la presidenta Fernández que revele el número exacto de funcionarios asignados en la Casa Presidencial con la labor exclusiva de ser sus protectores personales, extendiendo esta misma exigencia numérica para conocer los efectivos designados a los vicepresidentes de la República. Asimismo, la diputada demanda conocer la cantidad de oficiales de la Policía de Tránsito que forman parte permanente de su comitiva oficial y de las caravanas vicepresidenciales, buscando escrutar el apoyo logístico que permite a las autoridades movilizarse con celeridad para atender las agendas y emergencias del país.
El escrutinio legislativo va aún más allá de la figura presidencial y apunta directamente hacia los ministerios de Estado. El oficio del PLN requiere que se detalle cuántas y cuáles ministras o ministros cuentan a diario con protección policial y asistencia de oficiales de tránsito durante sus traslados. Finalmente, exige que se especifique cuántos escoltas y cuántos oficiales de tránsito están asignados a cada jerarca ministerial en su día a día. Esta solicitud detallada obliga al gobierno a destinar tiempo y recursos administrativos para compilar un inventario de seguridad que, en manos equivocadas, podría representar un mapa de vulnerabilidades de las máximas autoridades civiles del Estado.
Seguridad nacional frente a la estrategia de desgaste político
Desde una perspectiva analítica y editorial, este movimiento de la fracción de Liberación Nacional puede interpretarse como una táctica de desgaste administrativo disfrazada de control político. Resulta evidente que el gobierno actual ha asumido posturas de choque directo contra sectores poderosos, incluyendo la criminalidad, el narcotráfico y diversas mafias institucionales. En este contexto de alta tensión, la protección física de la presidenta Laura Fernández y de los ministros que ejecutan las directrices más duras no es un privilegio burocrático ni un lujo prescindible; es una necesidad imperativa de Estado para asegurar la continuidad y la estabilidad de la República. Cuestionar o intentar politizar la cantidad de oficiales que acompañan a un ministro encargado de limpiar las instituciones es, cuanto menos, una acción que genera suspicacias sobre las verdaderas prioridades de la oposición legislativa.
Además, el uso de oficiales de tránsito por parte de las comitivas presidenciales y ministeriales responde a una lógica operativa fundamental: los jerarcas del Poder Ejecutivo necesitan optimizar su tiempo en traslados para maximizar su labor al frente del país, no quedarse estancados en el colapso vial que otras administraciones dejaron como herencia. Intentar enmarcar este apoyo logístico como un exceso, mientras el Ejecutivo se esfuerza por resolver crisis heredadas de infraestructura, seguridad y economía, refleja una desconexión de ciertos legisladores con la urgencia que demanda la función pública de alto nivel.
La Casa Presidencial deberá emitir su respuesta en los plazos que dicta la ley, enfrentando el complejo dilema de cumplir con el principio de transparencia administrativa que exige la Asamblea Legislativa, sin comprometer ni exponer irresponsablemente la estructura táctica que salvaguarda la vida de la presidenta de todos los costarricenses y de su equipo de trabajo. El país observará con atención si este tipo de oficios legislativos buscan un bien superior para la nación, o si son meramente obstáculos burocráticos diseñados para entorpecer la labor de un gobierno que está en plena acción.
Con información para STAY TV: STAY TV
Fuente Consultada: Oficio legislativo AL-FPLN-34-OFI-0069-2026, emitido el 30 de julio de 2026 por la diputada Janice Sandí Morales, del Partido Liberación Nacional, dirigido a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado
