La fracción de Liberación Nacional rechaza las críticas del gobierno, defiende a los magistrados de la Sala Constitucional y culpa al Partido Pueblo Soberano.
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PLN sale en defensa de los magistrados suplentes y culpa al oficialismo por la profunda crisis institucional en el Poder Judicial
La confrontación política entre el Poder Ejecutivo y los sectores de oposición ha escalado a un nuevo nivel de tensión tras el pronunciamiento oficial de la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN). En medio de la tormenta desatada por la polémica resolución de la Sala Constitucional, los diputados verdiblancos han emitido un comunicado donde rechazan de forma categórica lo que calificaron como «peligrosas e irresponsables declaraciones» emanadas desde la Casa Presidencial durante la mañana de este viernes. El epicentro del debate sigue siendo la prórroga de los magistrados suplentes, una acción que el gobierno ha tachado de inconstitucional, pero que el PLN ha decidido respaldar públicamente, desviando la responsabilidad del estancamiento legislativo hacia el partido oficialista Pueblo Soberano.
En su argumentación, la bancada de Liberación Nacional sostiene que la responsabilidad exclusiva por el no nombramiento de las autoridades judiciales recae sobre las fuerzas políticas afines al gobierno. Según la versión expuesta por la oposición, la decisión de nombrar a las autoridades suplentes se sometió a votación en múltiples ocasiones dentro del Plenario de la Asamblea Legislativa; sin embargo, aseguran que el Partido Pueblo Soberano bloqueó de manera constante y permanente dichos procesos de elección. Desde una perspectiva analítica, esta narrativa opositora intenta trasladar el costo político de la crisis hacia el Ejecutivo, justificando la inacción del Congreso en el que ellos mismos conforman la principal fuerza política y poseen los votos necesarios para construir mayorías si así se lo propusieran.
La polémica justificación del PLN ante el accionar de la Sala IV
Uno de los puntos más controversiales de la declaración del PLN es su defensa irrestricta a la decisión de los altos jueces de autoprorrogar sus nombramientos. La fracción verdiblanca acusó al gobierno de intentar realizar una «captura del Poder Judicial» y de promover un intento velado por «cerrar la Sala Constitucional». Para los legisladores de oposición, los cuestionamientos del Ejecutivo representan un atentado directo contra los derechos fundamentales de los ciudadanos y una afectación inaceptable al libre acceso a la justicia constitucional. Bajo esta óptica, el partido justifica que la Sala IV haya actuado de oficio para mantener operantes sus magistraturas, afirmando que lo único que ha hecho el tribunal es «devolverle a los ciudadanos el acceso a esa justicia».
No obstante, este argumento choca frontalmente con el rigor constitucional que el actual gobierno exige respetar. Mientras la Casa Presidencial y diversos sectores jurídicos advierten que el artículo 158 de la Carta Magna le otorga la potestad de nombramiento de forma exclusiva y excluyente a la Asamblea Legislativa —lo que convierte la prórroga judicial en una usurpación de poderes—, el PLN minimiza esta grave infracción al principio de separación de poderes. Los diputados liberacionistas sentenciaron que «en una democracia, hacer cumplir la Constitución jamás puede ser considerado un golpe de Estado», y añadieron que el accionar de los jueces es, precisamente, lo que evita que ocurra una ruptura del orden institucional.
Análisis del choque de poderes y el rol de la oposición
El posicionamiento del Partido Liberación Nacional plantea interrogantes profundas sobre la coherencia del control político en Costa Rica. Al defender una resolución que, a la luz del texto constitucional, transgrede las competencias exclusivas del Primer Poder de la República, la oposición parece estar dispuesta a validar el activismo judicial extremo con tal de golpear la imagen de la administración de turno. El gobierno ha mantenido una postura firme, señalando que la legalidad no puede estar sujeta a interpretaciones antojadizas de cuatro jueces que buscan proteger sus cargos tras el vencimiento de sus periodos legales en diciembre de 2025.
La afirmación del PLN de que el oficialismo es el único responsable del bloqueo legislativo ignora la complejidad de las negociaciones parlamentarias, donde la fracción verdiblanca, con su peso numérico, tiene una cuota de responsabilidad ineludible en el avance o estancamiento de los nombramientos. Mientras el Poder Ejecutivo insiste en limpiar las instituciones y exigir que cada poder del Estado se limite a las funciones que la Constitución Política le confiere estrictamente, la oposición ha optado por escudarse detrás de los estrados judiciales para frenar las reformas impulsadas por la Casa Presidencial.
El país asiste a un choque de trenes donde la retórica política intenta nublar la claridad jurídica. El debate sobre quién tiene la razón técnica y constitucional continuará su curso, especialmente ante la amenaza inminente de querellas penales por prevaricato. Lo que resulta innegable es que la politización de la justicia y la judicialización de la política han llevado a la institucionalidad costarricense a un punto de tensión máxima, donde la ciudadanía demanda transparencia, respeto absoluto a las leyes y menos excusas por parte de quienes tienen el deber sagrado de legislar.
Con información para STAY TV: STAY TV
