¿Se acabó la pólvora de alto impacto? La Asamblea Legislativa podría discutir su inminente prohibición

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¿Se acabó la pólvora de alto impacto? La Asamblea Legislativa discute su inminente prohibición

Pólvora sonora: Nuevo proyecto de ley busca regular su uso en Costa Rica para proteger a personas vulnerables, animales y el medio ambiente.CUIDE A LOS ANIMALES DE LA PÓLVORA - La Voz del Norte

Pólvora sonora en Costa Rica: Proyecto de ley busca frenar el severo impacto del ruido en poblaciones vulnerables y animales

El uso descontrolado de la pólvora sonora en Costa Rica podría estar a las puertas de un cambio legislativo y cultural histórico. La diputada Kattya Mora Montoya, en conjunto con otras legisladoras y legisladores, ha presentado formalmente ante la corriente legislativa el proyecto de ley bajo el expediente denominado «Actividades con empatía: regulación de la pólvora sonora para la protección de las personas, los animales y el ambiente». Esta contundente iniciativa surge como una respuesta urgente, necesaria y estructurada ante la evidente falta de una regulación legal específica en el país que logre proteger integralmente al medio ambiente, a las personas con sensibilidades médicas y a los animales, de los severos y comprobados daños que provocan estas explosiones pirotécnicas.

En la actualidad, el Estado costarricense depende de normativas de rango inferior que resultan a todas luces insuficientes para abordar esta compleja problemática de salud pública y bienestar animal. Según se expone en la amplia justificación del proyecto de ley, si bien el Reglamento de Autorizaciones Sanitarias para la Actividad Pirotécnica (Decreto Nº32852) establece que la venta libre y el uso por personas particulares no están permitidos, en la práctica sí se autoriza la utilización de estos artefactos en espectáculos públicos o privados siempre que medie un permiso del Ministerio de Salud y la manipulación sea realizada por personal experto.

Por otro lado, existe el Reglamento para el Control del Ruido Ambiental (Decreto Nº44486-S), el cual presenta una deficiencia técnica y operativa sumamente crítica: las autoridades competentes no pueden sancionar ruidos de impacto único o series cortas de estallidos si estos no suman al menos cinco minutos de actividad constante o recurrente. Esta enorme laguna legal deja en total y absoluta desprotección a los sectores sociales y ecológicos que se ven severamente afectados por detonaciones esporádicas pero de altísima intensidad, permitiendo que el problema persista año tras año sin consecuencias reales para los infractores.

Devastadoras consecuencias en la fauna silvestre y los ecosistemas

El impacto directo de estas actividades humanas en los animales y el ambiente es verdaderamente alarmante y está ampliamente documentado por expertos. De acuerdo con información del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) citada en el documento legislativo, en las aves las explosiones provocan una grave desorientación debido a los fuertes destellos de luz, la densa capa de humo tóxico y el intenso ruido. Esto incrementa dramáticamente el riesgo de colisiones mortales contra edificaciones, ventanas y tendidos eléctricos, además de generar un pánico instintivo que las obliga a abandonar sus nidos, dejando huevos y frágiles polluelos sin protección frente a los elementos.

En los mamíferos arborícolas, tales como los emblemáticos monos y perezosos de los bosques de Costa Rica, la repentina onda expansiva y el estruendo desencadenan respuestas de huida descontroladas que suelen terminar en letales caídas desde grandes alturas, provocando fracturas, traumatismos severos e incluso la muerte. Las especies de hábitos nocturnos, como búhos y murciélagos, también son expulsadas abruptamente de sus refugios, quedando expuestas a atropellos en carreteras y ataques de depredadores. En los ecosistemas acuáticos, las ondas de presión pueden generar hemorragias y lesiones internas en peces y anfibios.

Por su parte, la Asociación de Veterinarios Abolicionistas de la Tauromaquia y del Maltrato Animal (AVATMA) aporta datos contundentes a la discusión legislativa: los animales jamás se habitúan a estos estruendos; por el contrario, sufren procesos de sensibilización progresiva, experimentando un terror agudo similar al estrés postraumático humano. En animales domésticos como los perros, se documentan constantes episodios de temblores, taquicardia, salivación excesiva y trastornos gastrointestinales; en gatos, aunque tienden a esconderse, el riesgo de un colapso o fallo cardíaco es altísimo. Las detonaciones de estos artículos pueden alcanzar los 190 decibeles, muy por encima del límite de daño permanente para el oído humano (75-80 dB), causando dolor físico, tinnitus y pérdida auditiva irreversible.

Afectación directa a la salud humana y al medio ambiente

El proyecto legislativo no solo vela por la fauna, sino que hace un fuerte énfasis en la protección directa de la salud humana. Para las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), la exposición a este tipo de ruido intermitente y violento constituye una verdadera «tortura» sensorial debido a su aguda sensibilidad auditiva y necesidad de orden en su entorno. Asimismo, las explosiones sorpresivas y las luces intermitentes pueden llegar a desencadenar graves convulsiones en personas diagnosticadas con epilepsia.

El daño tangible al medio ambiente es otra de las aristas críticas del proyecto. La combustión química de estos artefactos libera enormes cantidades de partículas nocivas finas (PM10) y gases tóxicos como el dióxido de azufre, empeorando drásticamente la calidad del aire y agravando enfermedades respiratorias crónicas como el asma en la población general. A esto se suma la contaminación del subsuelo y cuerpos de agua con peligrosos químicos como el perclorato, y la gran cantidad de restos plásticos de las envolturas que, al ser arrastrados por el viento y la lluvia, terminan descomponiéndose en microplásticos contaminantes.

Clasificación, zonas de protección y fuertes sanciones propuestas

Para frenar de una vez por todas estos constantes abusos y poner orden en la actividad, el texto base del proyecto de ley exige que el Ministerio de Salud clasifique oficialmente estos productos en tres categorías estrictas: de bajo o nulo impacto sonoro, de impacto sonoro moderado, y de alto impacto sonoro. La nueva legislación busca prohibir de manera absoluta y tajante la importación, fabricación, comercialización, distribución, almacenamiento y utilización de cualquier artefacto que quede catalogado como de alto impacto sonoro. Además, obligaría legalmente a los fabricantes y distribuidores a incluir un etiquetado claro, visible e indeleble que indique la categoría y el nivel máximo de decibeles de cada producto comercializado.

Un pilar fundamental y revolucionario de esta propuesta legislativa es la creación legal de las denominadas «Zonas de protección». Quedaría terminantemente prohibido utilizar estos artefactos ruidosos dentro de un radio mínimo de 500 metros alrededor de centros educativos, hospitales, clínicas, centros para la atención de adultos mayores, instalaciones especializadas para personas con TEA o discapacidad, clínicas veterinarias, refugios de vida silvestre y áreas silvestres protegidas. Sumado a ello, se establecería una rigurosa restricción horaria a nivel nacional, prohibiendo su uso entre las 22:00 horas (10:00 p.m.) y las 08:00 horas del día siguiente.

Finalmente, el régimen sancionatorio propuesto busca garantizar el acatamiento normativo mediante castigos económicos verdaderamente ejemplares. Las infracciones de clase B (tales como usar pirotecnia fuera del horario establecido, sin permiso o sin el etiquetado exigido) acarrearían multas que van de 1 a 5 salarios base, sumado al decomiso preventivo inmediato del material. Por su parte, las infracciones gravísimas de clase A (como importar material prohibido, detonar en zonas de protección o provocar afectaciones comprobadas a las poblaciones vulnerables) enfrentarían severas multas de 6 hasta 11 salarios base, el decomiso definitivo y, si aplica, la clausura o suspensión de los permisos comerciales de funcionamiento. Las autoridades del Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y las policías municipales estarán legalmente obligadas a intervenir de manera expedita ante cualquier denuncia ciudadana.

Con información para STAY TV: STAY TV

 

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