Estado de derecho: Advierten que cuestionar a la Sala Constitucional genera incertidumbre jurídica y afecta la inversión extranjera en el país.
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Estado de derecho en riesgo: Diputado Salvador Padilla y el magistrado Fernando Castillo advierten que cuestionar la labor de la Sala Constitucional ahuyenta la inversión extranjera
En el marco de un sólido Estado social de derecho, la estabilidad institucional y el respeto absoluto a las decisiones emitidas por los tribunales de justicia constituyen los cimientos indispensables para la convivencia pacífica y el desarrollo económico de la nación. Recientemente, en un intercambio de criterios en el que participaron el diputado Salvador Padilla y el magistrado presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, se puso sobre la mesa una advertencia contundente: utilizar términos infundados o descalificaciones extremas, como sugerir erróneamente que la Sala Constitucional ejecuta un supuesto “golpe de estado”, no solo distorsiona la realidad jurídica del país, sino que provoca un daño colateral gravísimo a la imagen reputacional de Costa Rica ante la comunidad internacional.
Durante la discusión, el magistrado Fernando Castillo respondió a los señalamientos aclarando que la Sala Constitucional no puede dar un golpe de Estado, explicando que lo que existen son distintas escuelas de pensamiento jurídico, con tribunales más activistas o más conservadores. Asimismo, se recordó que las instituciones operan bajo mandatos constitucionales específicos que deben ser respetados y respaldados por todos los actores políticos, evitando caer en narrativas irresponsables que desestabilizan el orden democrático.
El grave impacto de la incertidumbre jurídica en la economía y la inversión extranjera
Durante el análisis expuesto por el magistrado Castillo, se advirtió sobre el delicado escenario al que se enfrenta el país cuando se emiten discursos de confrontación institucional, especialmente ante un gobierno preocupado por la inversión extranjera y los números macroeconómicos. Si una empresa multinacional de gran envergadura evalúa la posibilidad de instalarse en territorio costarricense, pero escucha afirmaciones sobre supuestos golpes de Estado en curso, el resultado inmediato es la generación de una profunda incertidumbre jurídica.
Este clima de desconfianza tiene repercusiones directas y medibles en los mercados globales. Tal como se señaló en el debate, las calificadoras de riesgo internacional se paran de pestañas al escuchar narrativas de esa naturaleza, lo que pone en inminente peligro la atracción de nueva inversión extranjera directa, la cual es vital para sostener el crecimiento económico y la estabilidad del país.
La obligatoriedad del respeto a las decisiones judiciales en democracia
En un sistema democrático maduro, el acatamiento de las resoluciones judiciales no está sujeto a la conveniencia personal. Promover el irrespeto a los fallos de las altas cortes abre una peligrosa puerta hacia el colapso del orden social.
Para ilustrar este punto, se planteó que si el día de mañana un finquero inconforme con una sentencia de la Sala Primera decide por capricho propio desconocer el fallo y mover cercas de propiedad por la fuerza, enfrentándose a balazos con la autoridad pública, se derrumbaría por completo el pacto social. La lógica de un Estado social de derecho exige el sometimiento pacífico a las decisiones de los jueces.
Ante este panorama, las reflexiones compartidas por el diputado Salvador Padilla y el magistrado Fernando Castillo dejan una enseñanza crucial que debe ser asumida por todos los sectores presentes en la vida nacional: defender la institucionalidad y cuidar la seguridad jurídica de Costa Rica exige dejar de lado los ataques infundados contra el Poder Judicial.
Con información para STAY TV: STAY TV
