El Gobierno defendió el nuevo canon para frecuencias de radio y televisión, desmintiendo riesgos para la señal abierta y criticando los pagos actuales de Canal 7.
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Fuerte respuesta del Gobierno: Defiende el nuevo canon de frecuencias y expone los millonarios ingresos de Teletica frente a pagos “ridículos” al Estado
El pulso político y mediático por el control y la tributación del espectro radioeléctrico en Costa Rica ha alcanzado un punto de ebullición. En una contundente conferencia de prensa, las más altas autoridades del Poder Ejecutivo salieron al paso de los recientes cuestionamientos emitidos por Televisora de Costa Rica (Canal 7), defendiendo a capa y espada el proyecto de reforma a la Ley de Radio. El eje de la discordia es la implementación de un nuevo canon progresivo que busca actualizar las tarifas que los medios de comunicación pagan por utilizar un bien de dominio público, tarifas que el Gobierno ha calificado sin tapujos como “ridículas” y desfasadas tras 72 años sin modificaciones sustanciales.
La reacción gubernamental surge como respuesta directa al editorial emitido por el director de Telenoticias, Rodolfo González, quien advirtió que el proyecto legislativo pondría en peligro la subsistencia de la televisión abierta en el país al gravar hasta con un 7,73% los ingresos brutos de las corporaciones. Sin embargo, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), la jerarca Paula Bogantes desmintió categóricamente esta narrativa, argumentando que el diseño de la ley protege a la inmensa mayoría de la industria y exige más únicamente a quienes concentran las mayores riquezas producto de este recurso estatal.
Un esquema escalonado que exime a la base de la industria
Para desarmar el argumento de la amenaza a la televisión gratuita, el Ejecutivo detalló la estructura financiera del proyecto. La iniciativa plantea un modelo escalonado diseñado para no afectar a los pequeños y medianos concesionarios. Según los datos técnicos presentados por el MICITT, todas las empresas de la industria, incluyendo a las corporaciones más grandes, gozarán de una exención total del pago sobre sus primeros 130 salarios base (aproximadamente 60 millones de colones) de ganancias generadas exclusivamente por el aprovechamiento del espectro, no por sus otras actividades comerciales.
A partir de ese umbral exento, se aplican tres escalones impositivos del 4,39%, 6,17%, hasta llegar al porcentaje máximo del 7,73%. Para que una empresa de telecomunicaciones deba tributar en esta última escala, sus ganancias reportadas por el uso de las frecuencias deben superar los 600 millones de colones. Según los cálculos oficiales del ministerio rector, menos del 20% de las empresas que componen la industria televisiva nacional alcanzarían este nivel máximo de tributación. “Este señor habla por un puñito, cuatro empresitas que son las grandes que están generando estos réditos”, enfatizó la jerarca, desestimando que la ley represente un golpe generalizado al sector audiovisual.
Inconsistencias en la defensa de la televisión abierta
Uno de los puntos más álgidos de la comparecencia fue la crítica directa a la supuesta defensa del derecho al entretenimiento gratuito enarbolada por Canal 7. Las autoridades recordaron que fue precisamente esta misma empresa la que, hace unos años, tomó la decisión comercial de retirar las transmisiones de los partidos de fútbol de la Primera División de la señal de televisión abierta para trasladarlas a un canal de cable y suscripción paga (FUTV).
El Ejecutivo expuso esta acción como una contradicción flagrante: mientras hoy la televisora argumenta defender a las poblaciones vulnerables que no pueden pagar internet o cable, en el pasado reciente privatizó el acceso al deporte más popular del país, generando ingresos millonarios a costa del bolsillo de los aficionados. Esta movida estratégica minó de manera directa la oferta de la televisión gratuita que ahora afirman proteger, restando credibilidad, a los ojos del Gobierno, a la campaña mediática desplegada en contra del proyecto de ley.
Cifras irrisorias frente a millonarias ganancias publicitarias
Para ilustrar la urgencia de la reforma, el viceministro parlamentario Alejandro Barrantes expuso la cruda realidad de las finanzas estatales respecto al espectro. Actualmente, las grandes cadenas de televisión pagan apenas 10.000 colones mensuales (120.000 colones al año) por el uso de las frecuencias, mientras que las emisoras de radio abonan la ínfima suma de 6.000 colones anuales, un monto que incluso se les permite fraccionar en pagos trimestrales de 1.500 colones. El contraste es abismal si se compara con las tarifas publicitarias del mercado, donde un solo minuto de pauta comercial en el horario de máxima audiencia (prime time) de Canal 7 supera los dos millones de colones.
Además, el Gobierno reveló una maniobra corporativa en el sector radial: Teletica Radio no pagaría directamente la tarifa estatal por su frecuencia, ya que estaría utilizando el espectro concesionado a otra entidad denominada “Ciudadelas de Libertad”, la cual es la encargada de desembolsar los escasos 6.000 colones anuales. Estas disparidades refuerzan la tesis oficialista de que el Estado ha subsidiado de facto un negocio inmensamente lucrativo durante décadas, permitiendo a ciertos grupos empresariales “hacer clavos de oro” con recursos públicos debido a la permisividad y falta de valentía de administraciones anteriores ligadas a partidos tradicionales como Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana y el PAC.
El pulso legislativo y el llamado a la vigilancia ciudadana
Desde el punto de vista del trámite legislativo, el Gobierno cuestionó la temporalidad de los reclamos. El proyecto de ley lleva más de dos años en la corriente legislativa sin que se presentaran objeciones de fondo sustanciales. Es precisamente en la víspera de su votación final que surge la intensa oposición mediática. Además, se reveló que otras grandes corporaciones, como Repretel, emitieron comunicados afirmando que no objetarían el porcentaje propuesto, al considerarlo razonable, dejando a Canal 7 en una posición de aislamiento dentro del debate formal del sector.
Finalmente, ante los presuntos movimientos políticos que buscarían frenar la iniciativa mediante consultas de constitucionalidad impulsadas por fracciones opositoras o cabildeo directo con magistrados del Poder Judicial, el Ejecutivo hizo un vehemente llamado a la población costarricense. Instaron a los ciudadanos a “pelar el ojo” y vigilar de cerca la votación en el Plenario para identificar claramente qué diputados se pondrán del lado de los intereses de las grandes corporaciones televisivas y quiénes respaldarán la justa retribución económica al Estado. El Gobierno concluyó reiterando su absoluto respeto por la libertad de prensa, aclarando que exigir un pago justo por un bien público no equivale a censura ni limita el ejercicio periodístico en democracia.
Con información para STAY TV: STAY TV
