ANEP interpone recurso de amparo contra Hacienda por millonarios recortes al presupuesto del Poder Judicial que amenazan el combate al crimen organizado.
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Escándalo por el presupuesto judicial: ANEP presenta recurso de amparo contra el Gobierno por millonarios recortes
La tensión entre los distintos poderes de la República ha escalado a un nuevo nivel institucional. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), bajo la vocería de su secretario general, Albino Vargas Barrantes, presentó formalmente un recurso de amparo ante la Sala Constitucional. Esta contundente acción legal va dirigida directamente contra el Ministerio de Hacienda, el presidente Rodrigo Chaves Robles y la Asamblea Legislativa, en respuesta a los severos recortes, congelamientos y condicionamientos que el Poder Ejecutivo ha aplicado y planea aplicar sobre el presupuesto asignado constitucionalmente al Poder Judicial.
El documento interpuesto ante el máximo tribunal garante de la Carta Magna sostiene con firmeza que las recientes medidas impulsadas y ejecutadas desde el Poder Ejecutivo no solo son financieramente asfixiantes, sino que representan una intervención indebida, arbitraria y peligrosa sobre los recursos de un Poder de la República que es constitucionalmente independiente. Según argumenta la organización sindical, este estrangulamiento económico compromete de manera sumamente grave la capacidad logística y operativa del sistema judicial para brindar a los ciudadanos una justicia pronta, cumplida y verdaderamente efectiva, tal como lo mandata la ley.
El “ajuste técnico” que desató la crisis en los tribunales
Para comprender la magnitud del conflicto, es necesario revisar las cifras oficiales. Para el actual ejercicio económico del año 2026, la Asamblea Legislativa, en pleno uso de sus facultades, autorizó al Poder Judicial un presupuesto total de ₡541 mil millones. Sin embargo, contraviniendo esta aprobación parlamentaria, el Ministerio de Hacienda emitió el pasado 18 de agosto el oficio MH-DM-OF-0901-2026. A través de este documento, el Ejecutivo impuso unilateralmente un denominado “ajuste técnico complementario” por la inmensa suma de ₡23.721 millones, aplicando un tijeretazo sobre un plan de gastos que ya se encontraba debidamente aprobado y en plena fase de ejecución por parte de la Corte.
Según los detalles técnicos expuestos en el recurso de amparo, la cartera de Hacienda analizó con lupa 544 líneas presupuestarias del sistema de justicia y ordenó reducciones específicas, quirúrgicas y obligatorias en 362 de ellas. Estas líneas corresponden a 85 subpartidas distintas, determinando de manera directa e intervencionista en cuáles áreas, programas y oficinas debía reducirse el gasto del Poder Judicial, una acción que roza la intromisión de poderes.
Fuerte golpe al OIJ y al combate contra el crimen organizado
La ANEP advierte con profunda preocupación que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la policía científica encargada de investigar los delitos más graves que azotan al país, concentra el mayor impacto de este polémico ajuste financiero. La rebaja impuesta a la policía judicial ronda los ₡9.536 millones, lo que equivale al 40,2 % del monto total recortado por Hacienda. A esto se suman afectaciones directas a pilares fundamentales como la Dirección y Administración, el Servicio Jurisdiccional, la Defensa Pública, el Ministerio Público (Fiscalía), la vital Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos, y el Fondo de Jubilaciones y Pensiones.
El panorama se agrava aún más cuando se analiza el bloqueo paralelo de recursos frescos. El recurso denuncia que el Gobierno mantiene bloqueados ₡8.688 millones que ya habían sido aprobados y avalados por la propia Asamblea Legislativa. Estos fondos tenían un destino exclusivo y urgente: reforzar operativamente al OIJ y al Ministerio Público en el combate frontal contra el crimen organizado, las bandas de narcotráfico y la histórica ola de homicidios que actualmente ensangrienta a Costa Rica. Al sumar todas estas medidas restrictivas, la afectación real al presupuesto judicial durante el 2026 alcanzaría la astronómica cifra de ₡35.330 millones, sumado a un incomprensible recorte adicional del 42 % en la partida de gasto operativo para lo que resta del año en curso.
Amenaza a la independencia de poderes y el acceso a la justicia
Para la agrupación sindical, reducir drásticamente los recursos destinados a la investigación criminal forense y a la protección de víctimas no constituye únicamente una fría discusión administrativa en hojas de cálculo. La organización sostiene que estas polémicas decisiones se traducen de forma directa y cruel en una menor capacidad institucional para investigar crímenes, perseguir a las redes del crimen organizado y garantizar a la ciudadanía su derecho. El recurso argumenta que el artículo 41 de la Constitución Política garantiza ese derecho irrenunciable, advirtiendo que el enorme peso de los recortes sobre estas áreas sensibles compromete materialmente la paz social del país.
En el terreno constitucional, la ANEP cuestiona severamente que el Ministerio de Hacienda condicione la liberación del dinero a auditorías externas, informes de rendimiento y decisiones de carácter netamente político en el seno de la Asamblea Legislativa. Obligar a la Corte a pedir permiso para usar su propio dinero la coloca en una inaceptable situación de subordinación financiera. El amparo recuerda a los magistrados constitucionales que los artículos 9 y 154 de la Carta Magna establecen la separación absoluta e independencia entre los Poderes del Estado, señalando que Hacienda estaría excediendo abiertamente las competencias que le otorga el artículo 177 al intervenir y mutilar un plan de gastos que ya está vigente.
El incierto panorama para el presupuesto del 2027
La alarma encendida por el sindicato no se limita al año en curso, sino que abarca también el proyecto de presupuesto ordinario diseñado para el 2027. De acuerdo con el texto del amparo, el nuevo plan de gastos elaborado por el Ejecutivo reduce desde su origen la asignación al Poder Judicial, bajándola de ₡541 mil millones a aproximadamente ₡530 mil millones. Peor aún, el proyecto contempla la peligrosa posibilidad de congelar otros ₡30 mil millones adicionales mediante la aplicación de estrictas normas de ejecución presupuestaria. De concretarse estas amenazas financieras, los recursos efectivamente disponibles para la justicia podrían desplomarse hasta los ₡500 mil millones, un retroceso histórico inaceptable.
Ante esta crisis institucional, la ANEP ha solicitado a la Sala Constitucional declarar con lugar el amparo, anular de forma inmediata el oficio de Hacienda y ordenar la liberación íntegra e incondicionada de los recursos. Además, como medida cautelar urgente, pidieron suspender los efectos de los recortes mientras los magistrados resuelven el fondo del asunto. Para los demandantes, defender los recursos del Poder Judicial significa, en última instancia, defender la independencia democrática de la nación, la seguridad ciudadana y el derecho inalienable de los costarricenses a vivir en un país donde la justicia no esté sometida a presiones económicas.
Con información para STAY TV: STAY TV
