Fiadores: proyecto de ley busca protegerlos de deudas ajenas con información previa, límites a la fianza y plazo único de 4 años.

Fiadores: Proyecto busca protegerlos de deudas ajenas

Las personas que aceptan ser fiadores en créditos de consumo podrían contar con mayores garantías para proteger su patrimonio y su historial crediticio gracias a un proyecto de ley presentado por la diputada liberacionista Janice Sandí Morales. La iniciativa, que ingresó a la corriente legislativa bajo el expediente 25.828, reforma la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor para reconocer expresamente a la persona fiadora como sujeto de protección y cerrar los vacíos legales que hoy la dejan en condición de vulnerabilidad.

Según la diputada, muchas personas fiadoras desconocen el verdadero alcance de la obligación que asumen y suelen enterarse de los incumplimientos cuando la deuda ya acumula intereses moratorios, gastos de cobro o afectaciones en su historial crediticio. “La figura del fiador ha sido fundamental para que muchas personas puedan acceder a financiamiento, estudiar, emprender o alquilar una vivienda. Sin embargo, quienes asumen esa responsabilidad también merecen contar con información clara y mecanismos que les permitan actuar a tiempo para proteger su patrimonio”, señaló Sandí.

Las cinco garantías que establece el proyecto para los fiadores

La iniciativa incorpora una serie de derechos que, según la exposición de motivos, buscan equilibrar las responsabilidades entre las partes involucradas en una operación de crédito. Entre las principales medidas destacan la obligación de las entidades acreedoras de informar de manera clara y previa el monto máximo garantizado, los intereses, comisiones, gastos asociados, plazo de la operación y las implicaciones que un eventual incumplimiento tendría sobre el historial crediticio del fiador.

Además de esas garantías, la propuesta establece que las entidades deberán comunicar cualquier atraso en el pago dentro de los diez días hábiles posteriores al primer incumplimiento del deudor principal. Esta medida busca que el fiador pueda actuar a tiempo, ya sea para instar al deudor a regularizar su situación, negociar un arreglo de pago o tomar las previsiones necesarias para proteger su patrimonio.

El historial crediticio: de 10 años a 4 años

Uno de los cambios más relevantes del proyecto es la unificación del plazo máximo de permanencia de la información crediticia negativa. Actualmente, una afectación en el historial de un fiador puede extenderse hasta por una década, dependiendo de si el registro está en el Centro de Información Crediticia de la SUGEF o en los burós de crédito privados. La iniciativa plantea unificar ese plazo en cuatro años para ambos sistemas.

La iniciativa también obliga a actualizar los registros una vez cancelada la obligación, brindando mayor seguridad y certeza a las personas afectadas. “La propuesta busca corregir una situación que hoy afecta a muchas personas fiadoras: la permanencia prolongada de información negativa en los registros crediticios por obligaciones ajenas”, señala el documento.

“No se trata de restringir el crédito, sino de equilibrar responsabilidades”

La diputada Sandí fue enfática al señalar que el objetivo de la reforma no es restringir el acceso al crédito ni generar nuevas trabas para las operaciones financieras. “Se trata de equilibrar las responsabilidades entre las partes involucradas y brindar seguridad jurídica a quienes hoy asumen riesgos patrimoniales significativos sin contar con herramientas suficientes para protegerse”, explicó.

Según la legisladora, la figura del fiador ha sido clave para que muchas personas puedan acceder a oportunidades que de otro modo les resultarían inaccesibles. “Con esta propuesta buscamos un marco legal más justo y transparente, donde la confianza y la solidaridad que motivan a una persona a convertirse en fiadora no terminen convirtiéndose en una fuente de incertidumbre económica o afectación financiera por falta de información oportuna”, concluyó Sandí.

El contexto: una figura extendida y vulnerable

La fianza es una figura común en el sistema financiero costarricense. Se utiliza en créditos de consumo, arrendamientos, créditos educativos y operaciones de vivienda, entre otros. En muchos casos, los fiadores son familiares o amigos del deudor principal que aceptan respaldar la obligación por razones de confianza o solidaridad, sin dimensionar plenamente las consecuencias legales y económicas que esa decisión implica.

Las organizaciones de defensa del consumidor han señalado en repetidas ocasiones que los fiadores suelen ser el eslabón más débil de la cadena crediticia. A diferencia del deudor principal, que se beneficia directamente del crédito, el fiador no recibe ningún provecho económico directo y, sin embargo, compromete su patrimonio en caso de incumplimiento. La falta de información oportuna y la imposibilidad de monitorear el comportamiento de pago del deudor agravan su situación.

El proyecto 25.828 deberá ahora ser asignado a una comisión legislativa para su análisis y consulta. Si avanza, podría convertirse en una herramienta clave para que los fiadores cuenten con mayor protección y para que las entidades financieras asuman responsabilidades más claras en la gestión de las operaciones de crédito que involucran a terceros. La iniciativa representa un paso hacia un sistema financiero más transparente, donde quienes respaldan obligaciones ajenas no queden expuestos a consecuencias desproporcionadas.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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