El expediente 24.495, que reformaba el art\u00edculo 193 del C\u00f3digo Procesal Penal para autorizar allanamientos por parte del Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial (OIJ) y la Fiscal\u00eda durante las 24 horas del d\u00eda\u2014includingo fines de semana y feriados\u2014ser\u00e1 vetado por el Presidente de la Rep\u00fablica. Esta decisi\u00f3n se fundamenta tanto en preocupaciones de fondo sobre garant\u00edas constitucionales como en la t\u00e9cnica legislativa utilizada en la redacci\u00f3n de la ley.<\/p>\n
Actualmente, las reglas exigen la autorizaci\u00f3n expresa de un juez para realizar allanamientos fuera del horario laboral, asegurando as\u00ed la protecci\u00f3n de la propiedad privada y las libertades individuales. El proyecto aprobado pretend\u00eda flexibilizar este control, permitiendo que el OIJ y la Fiscal\u00eda pudieran actuar sin el mismo nivel de supervisi\u00f3n judicial, lo que para distintos sectores representa un riesgo de arbitrariedad y abuso de poder.<\/p>\n
El veto presidencial obedece a varios motivos:<\/p>\n
El cuestionamiento de fondo, adem\u00e1s, recae sobre la eficacia actual del OIJ y el Ministerio P\u00fablico, pues pese a tener a su disposici\u00f3n diversas herramientas legales, varios casos de alto perfil como Yamber, Soto, Diamante y Cochinilla siguen sin resolverse tras muchos a\u00f1os. La cr\u00edtica se\u00f1ala que dotar de m\u00e1s facultades a instituciones que no han mostrado resultados efectivos podr\u00eda incrementar riesgos sin aportar garant\u00edas para la ciudadan\u00eda.<\/p>\n
Resumen:<\/strong>
\nLa reforma legal que buscaba ampliar la capacidad de allanamientos ser\u00e1 vetada por el Ejecutivo, principalmente por riesgo a derechos ciudadanos y errores de procedimiento legislativo. El texto ahora ir\u00e1 a revisi\u00f3n constitucional, en medio de crecientes dudas sobre el desempe\u00f1o y la supervisi\u00f3n de las instituciones encargadas de la investigaci\u00f3n penal en Costa Rica.<\/p>\n