La fracci\u00f3n del Frente Amplio califica como insuficiente el ajuste presupuestario al Poder Judicial y advierte sobre su impacto en la seguridad nacional. https:\/\/youtu.be\/mVXaxV0idpU<\/p>\n
La fracci\u00f3n legislativa del partido Frente Amplio<\/strong> ha sentado una postura contundente y sumamente cr\u00edtica respecto al reciente anuncio emitido por la Presidencia de la Rep\u00fablica sobre el presupuesto nacional. Luego de que el Poder Ejecutivo diera marcha atr\u00e1s parcial con el megarecorte inicialmente planteado para el sistema de administraci\u00f3n de justicia, la agrupaci\u00f3n pol\u00edtica advirti\u00f3 que la medida sigue sin ser una buena noticia para el pa\u00eds. A criterio de la bancada opositora, el ajuste financiero comunicado desde Zapote representa \u00fanicamente un “arreglo parcial” que no soluciona el problema de fondo, manteniendo vigente un recorte millonario que terminar\u00e1 afectando gravemente la operatividad de los tribunales y, en consecuencia, la seguridad ciudadana de todos los costarricenses si no se detiene y corrige a tiempo en el plenario legislativo.<\/p>\n El diputado Antonio Trejos, fungiendo como vocero oficial y transmitiendo la posici\u00f3n \u00edntegra de la fracci\u00f3n parlamentaria, desmenuz\u00f3 las implicaciones reales que tendr\u00e1 esta limitaci\u00f3n de fondos. El legislador fue enf\u00e1tico al se\u00f1alar que, m\u00e1s all\u00e1 de la leve reducci\u00f3n en el tijeretazo fiscal, el Gobierno Central est\u00e1 imponiendo una serie de condiciones pol\u00edticas, a las cuales calific\u00f3 directamente como “politiqueras”. Seg\u00fan el an\u00e1lisis jur\u00eddico y pol\u00edtico de la agrupaci\u00f3n, estas exigencias impuestas desde el Ejecutivo no se adec\u00faan de ninguna manera al marco legal establecido, ri\u00f1en con la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica costarricense y atentan contra las buenas pr\u00e1cticas que rigen la independencia de los poderes de la Rep\u00fablica, amarrando la entrega de recursos a din\u00e1micas ajenas a la urgencia operativa de los cuerpos policiales.<\/p>\n Uno de los puntos m\u00e1s sensibles expuestos por el Frente Amplio<\/strong> es el impacto territorial y humano que sufrir\u00e1 la institucionalidad forense. Trejos denunci\u00f3 que a los agentes del Organismo de Investigaci\u00f3n Judicial (OIJ), a los fiscales y a los jueces de la Rep\u00fablica se les est\u00e1 impidiendo hacer su trabajo de manera digna y eficiente. Espec\u00edficamente, detall\u00f3 que se est\u00e1n recortando recursos absolutamente estrat\u00e9gicos destinados a la construcci\u00f3n y equipamiento de una nueva morgue judicial en la Zona Sur del pa\u00eds, un proyecto vital que se ubicar\u00eda en el cant\u00f3n de Buenos Aires, provincia de Puntarenas. Esta obra es considerada de extrema urgencia para evitar el doloroso y costoso traslado de cuerpos hasta el complejo forense en Heredia, por lo que su paralizaci\u00f3n representa un golpe directo a las poblaciones m\u00e1s vulnerables de la regi\u00f3n Brunca.<\/p>\n Aunado a la crisis de infraestructura forense, la agrupaci\u00f3n de izquierda expuso una profunda contradicci\u00f3n gubernamental en materia de modernizaci\u00f3n digital. El recorte presupuestario merma dr\u00e1sticamente la capacidad de la Corte Suprema de Justicia para adquirir y actualizar sistemas operativos esenciales. La paradoja radica en que el mismo Gobierno Central, a trav\u00e9s del Ministerio de Ciencia, Innovaci\u00f3n, Tecnolog\u00eda y Telecomunicaciones (MICITT), le exige al sistema judicial mantener licencias de software de alto nivel para garantizar la ciberseguridad institucional. Sin estos fondos, se pone en alt\u00edsimo riesgo la realizaci\u00f3n de audiencias virtuales, una herramienta tecnol\u00f3gica indispensable que actualmente le ahorra ingentes cantidades de dinero, traslados y tiempo valioso a miles de costarricenses que exigen una justicia pronta y cumplida en todo el territorio nacional.<\/p>\n La denuncia legislativa tambi\u00e9n abarc\u00f3 el cr\u00edtico escenario t\u00e1ctico y operativo que enfrentan los cuerpos de choque. En medio de una de las crisis de criminalidad m\u00e1s complejas en la historia de Costa Rica, la falta de inyecci\u00f3n financiera recorta severamente la capacidad del Estado para atender al crimen organizado a trav\u00e9s de operativos de allanamiento e interdicci\u00f3n. Las partidas cercenadas afectan de manera directa la compra de equipo de seguridad vital y de uso obligatorio para los agentes en las calles, lo que incluye la renovaci\u00f3n urgente de chalecos antibalas, la adquisici\u00f3n de municiones y la modernizaci\u00f3n de la flotilla vehicular y el equipo de transporte especializado del OIJ.<\/p>\n Ante este adverso y preocupante panorama de estrangulamiento institucional, la fracci\u00f3n parlamentaria lanz\u00f3 un vehemente llamado a la sensatez y a la responsabilidad pol\u00edtica. “Al Poder Judicial hay que ponerlo a trabajar y hay que renovarlo, y para eso se necesitan recursos reales, buena voluntad pol\u00edtica y capacidad de di\u00e1logo constructivo”, sentenci\u00f3 el diputado Trejos en su intervenci\u00f3n p\u00fablica. Ese es exactamente el est\u00e1ndar m\u00ednimo de madurez gerencial que la bancada opositora le requiere de forma urgente al Poder Ejecutivo, asegurando que desde las curules de la Asamblea Legislativa existe la total apertura y disposici\u00f3n para facilitar los puentes necesarios y garantizar que la justicia no se detenga por c\u00e1lculos financieros o rencillas pol\u00edticas pasajeras.<\/p>\nEl Frente Amplio advierte sobre el freno a la morgue judicial y la par\u00e1lisis tecnol\u00f3gica<\/h2>\n
Asfixia t\u00e1ctica al OIJ y el urgente llamado al di\u00e1logo interinstitucional<\/h2>\n