Si está pensando en inscribirse en un gimnasio para arrancar el año con nuevas metas, conviene mirar más allá de las máquinas y las pesas. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) fiscalizó contratos de gimnasios en el país y encontró cláusulas abusivas e información poco clara en todos los contratos de adhesión revisados, lo que podría dejar a las personas usuarias en desventaja frente a los comercios.

La revisión abarcó 10 gimnasios, de los cuales ocho trabajaban con contratos de adhesión firmados por sus clientes. En el 100% de esos documentos el MEIC detectó problemas como reglamentos que no se adjuntan, autorizaciones automáticas para usar datos e imágenes y falta de claridad sobre la duración del contrato o el precio final que termina pagando la persona usuaria.

Contratos con letra pequeña y datos poco claros

Uno de los principales hallazgos del MEIC es que muchos gimnasios trasladan información clave a reglamentos externos que no se anexan al contrato, pese a que contienen condiciones esenciales del servicio. En la práctica, parte de las reglas del juego no está en el documento que el cliente tiene frente a sus ojos cuando firma.

La fiscalización también evidenció que varios contratos incluyen, casi por defecto, permisos para utilizar datos personales, enviar publicidad y usar la imagen de la persona usuaria, sin un consentimiento claro y específico. A esto se suma que en más de la mitad de los contratos no se precisa por cuánto tiempo se compromete el cliente ni cuál es el costo final real del servicio contratado.

Cláusulas “amarradas” a favor del gimnasio

Además de la falta de claridad, el MEIC encontró cláusulas que inclinan la balanza a favor del gimnasio. En la mayoría de contratos, el comercio se exonera de responsabilidades que le corresponden, mientras que la persona usuaria asume la mayor parte de las cargas y riesgos derivados del servicio.

En algunos documentos se permite que el gimnasio cambie las condiciones del contrato de manera unilateral, incluso antes de que este concluya, dejando al cliente ante una especie de ultimátum con reglas nuevas. También se detectaron disposiciones que implican renuncias anticipadas a derechos que la ley reconoce a las personas consumidoras.

Denuncias, multas y cómo protegerse

Como resultado de la fiscalización, el MEIC emitió ocho prevenciones a los gimnasios visitados. Seis de ellos corrigieron las observaciones a satisfacción de la autoridad, mientras que dos no lo hicieron a cabalidad y fueron denunciados ante la Comisión Nacional del Consumidor. Estos comercios se exponen a multas que pueden ir desde aproximadamente ₡4.600.000 hasta alrededor de ₡18.400.000, según lo establece la Ley 7472.

La institución recordó que cualquier persona puede llamar a la línea gratuita 800-CONSUMO (800-266-7866) de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. para consultar sobre sus derechos o sobre contratos que le generen dudas. Además, las denuncias se pueden presentar de forma gratuita y virtual mediante la plataforma de trámites del MEIC, en la sección de denuncias de consumidor. La recomendación es clara: leer con calma, pedir copia de todo lo firmado y no aceptar “contratos raros” que no se entienden.

Con información para STAY TV: https://www.staytv.com