CP-002-2026

El Gobierno de la República anunció que solicitó el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el proyecto de ley 24.786, cuyo objetivo es poner fin a las pensiones de lujo que, desde hace años, generan un fuerte reclamo de la ciudadanía.

Según el comunicado, esta consulta internacional busca asegurar que cualquier cambio al sistema de pensiones se haga de forma justa, responsable y con reglas claras, evitando improvisaciones que puedan poner en riesgo la seguridad jurídica y la estabilidad del régimen.

Un sistema presionado por pensiones exageradamente altas

El Gobierno recordó que actualmente existen leyes que permiten a un grupo privilegiado de personas recibir pensiones exageradamente altas, muy por encima de los montos que percibe la mayoría de la población. Estos beneficios, calificados como “pensiones de lujo”, debilitan el sistema y afectan la posibilidad de garantizar una pensión digna para la mayoría de los costarricenses.

El proyecto de ley 24.786 busca corregir esos abusos, respetando la normativa vigente, pero eliminando privilegios que el Ejecutivo considera injustos y financieramente insostenibles.

“No es aceptable que unos pocos mantengan beneficios desproporcionados”

En el mensaje oficial, el Gobierno sostiene que “no es aceptable que unos pocos mantengan beneficios desproporcionados mientras se pone en juego el futuro de las pensiones de miles de costarricenses”. Bajo esa premisa, la reforma pretende:

• Proteger la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.
• Asegurar un trato más equitativo entre las personas jubiladas.
• Responder al reclamo ciudadano de eliminar privilegios considerados excesivos.

La Casa Presidencial plantea que, al tratarse de derechos adquiridos y de normas con impacto directo en la vida de personas ya pensionadas o próximas a pensionarse, es fundamental contar con una ruta clara y avalada jurídicamente.

Rol de la Corte Interamericana y próximos pasos

La solicitud de opinión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos se presenta como un paso clave para blindar la reforma desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente en lo relativo a:

• Protección de derechos adquiridos.
• Principios de proporcionalidad y razonabilidad.
• No regresividad injustificada en derechos sociales.

“El criterio de la Corte Interamericana permitirá avanzar con una reforma sólida, transparente y responsable, en beneficio de todo el país”, indica el comunicado.

Una vez recibido el pronunciamiento, el Gobierno espera ajustar el texto del proyecto 24.786 de ser necesario, dar mayores garantías de seguridad jurídica a las personas afectadas y fortalecer la legitimidad política y social del proceso de reforma.

Con esta consulta, el Ejecutivo busca enviar la señal de que la lucha contra las pensiones de lujo no se basa solo en un discurso político, sino en un proceso que intenta conciliar justicia social, sostenibilidad financiera y respeto a los derechos humanos.

Con información para STAY TV:
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