La diputada Joselyn Sáenz propone reducir la cuota de combustible de los diputados y aplicar controles estrictos para evitar abusos con fondos públicos.
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Freno a los privilegios: Proyecto de ley busca reducir y fiscalizar la cuota de combustible de los diputados
En medio de constantes llamados a la austeridad en la función pública, la diputada Joselyn Sáenz, representante del partido Frente Amplio por la provincia de Cartago, presentó este martes un proyecto de ley dirigido a recortar y establecer mecanismos de control estrictos sobre la cuota mensual de combustible que reciben actualmente las diputaciones de la Asamblea Legislativa. La iniciativa pretende poner fin a lo que muchos sectores consideran un privilegio desproporcionado e injustificado dentro del parlamento costarricense[cite: 2].
La justificación del proyecto se sustenta en cifras alarmantes sobre el gasto de recursos públicos destinados a este beneficio. Según detalla el expediente legislativo, durante el periodo constitucional 2022-2026, los legisladores gastaron en conjunto la impresionante suma de ₡425,9 millones de colones exclusivamente en gasolina, un monto que ha generado indignación y exige una mayor rendición de cuentas sobre su verdadero uso operativo[cite: 2].
Reducción directa de la cuota y prohibición de acumulación
Actualmente, el reglamento legislativo otorga a cada uno de los 57 diputados una cuota mensual de 500 litros de combustible, una cantidad que ha sido duramente cuestionada. La propuesta liderada por la diputada Sáenz plantea una reducción significativa, bajando la asignación a un máximo de 300 litros mensuales. Además, el proyecto establece de manera expresa y categórica que este recurso estatal solo podrá ser utilizado estrictamente para el cumplimiento de las labores oficiales y funciones propias que demanda el cargo legislativo, eliminando cualquier posibilidad de uso para fines personales o recreativos[cite: 2].
Otro punto neurálgico de la reforma es la eliminación de los vacíos reglamentarios actuales. El texto propone que, en caso de que un legislador no consuma la totalidad de los 300 litros durante el mes calendario, el excedente no será acumulable para los meses siguientes, y se aclara jurídicamente que esta cuota tiene una naturaleza exclusivamente operativa y no constituye parte del salario o remuneración del diputado[cite: 2].
Informes mensuales, sanciones salariales y mayor fiscalización
La transparencia es el pilar central de esta iniciativa. Para garantizar un uso razonable de los fondos públicos, el proyecto estipula que cada legislador estará en la obligación ineludible de presentar un informe mensual detallado sobre el uso del combustible ante el Departamento de Proveeduría Institucional de la Asamblea. “Lo más importante es que proponemos que este dinero realmente tenga un reporte y una fiscalización adecuada con herramientas que garanticen su acceso público a toda la población”, argumentó la congresista frenteamplista[cite: 2].
El plan también contempla la aplicación de sanciones económicas directas para quienes incumplan la norma. Si los mecanismos de control determinan que el recurso fue utilizado de manera indebida o para actividades ajenas al cargo público, el monto económico correspondiente al combustible malgastado deberá ser rebajado automáticamente de la remuneración mensual del diputado infractor. Para hacer efectiva esta medida, se ordenará al Directorio de la Asamblea Legislativa la creación y emisión de un reglamento específico que defina las herramientas de seguimiento, control y detección de irregularidades en el consumo[cite: 2].
Con información para STAY TV: STAY TV
