Cartago enfrenta una crisis de seguridad mientras el Ejecutivo critica duramente al Poder Judicial por liberar a sospechosos clave del crimen organizado.

Gobierno lanza duras críticas contra el Poder Judicial por la liberación de sospechosos detenidos en Cartago

La tensión institucional entre el Poder Ejecutivo y los órganos judiciales ha escalado a niveles sin precedentes tras una conferencia de prensa en la que el Gobierno de la República cuestionó con extrema dureza las decisiones de los tribunales. El foco de la controversia se centra en la provincia de Cartago, donde las autoridades de seguridad han desplegado operativos masivos para frenar la ola de criminalidad que azota la región. Según los datos oficiales expuestos por el Ejecutivo, de un total de 51 víctimas recientes de homicidios y enfrentamientos vinculados al crimen organizado, 34 personas estaban directamente relacionadas con estructuras criminales y 39 contaban con antecedentes o causas abiertas en los juzgados, pero se mantenían en absoluta libertad sin responder ante la justicia.

Ante este panorama de impunidad percibida, el Ministerio de Seguridad Pública, en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), puso en marcha una ofensiva directa para capturar a 14 sujetos de alta peligrosidad requeridos por la ley. A pocos días de haber iniciado estas acciones tácticas, las fuerzas policiales lograron la captura de seis de los objetivos prioritarios. Entre las detenciones destacan la de un hombre de apellido Medrano en Los Diques, una mujer de apellido Loría vinculada a la estructura de “Los Geris” en El Tejar del El Guarco, además de aprehensiones en Corredores, Orosi y Paraíso, donde cayó un sujeto de apellido Monestel, catalogado como uno de los sicarios más peligrosos de la zona. No obstante, el malestar del Gobierno surgió cuando el sistema judicial determinó que, de los seis arrestados, solo cuatro descontarán prisión preventiva, mientras que otro fue beneficiado con monitoreo electrónico mediante tobillera, medida calificada por el Ejecutivo como insuficiente para criminales de alta peligrosidad.

Críticas al Poder Judicial por liberaciones y jueces cuestionados

La frustración del Gobierno no se limitó a los resultados en la provincia brumosa, sino que expuso casos de alto impacto nacional que han generado indignación ciudadana. El Ejecutivo cuestionó duramente la actuación del juez penal de Limón, Víctor Perlaza Rojas, quien recientemente dejó en libertad con medidas cautelares menores a la esposa de alias “Pecho de Rata”, una mujer de apellido Smith investigada por legitimación de capitales y asociación ilícita. La sospechosa únicamente debe firmar cada quince días, entregar su pasaporte y mantener impedimento de salida del país. Durante la exposición, las autoridades recordaron el cuestionado historial del juez Perlaza, señalando antecedentes como el caso de 2018 donde no asistió a la lectura de una sentencia de 16 años contra un violador —lo que anuló el juicio— y el suceso de 2020 en el que liberó a cuatro ciudadanos colombianos detenidos con 1.200 kilos de marihuana, quienes posteriormente terminaron fugándose.

El pulso institucional se tornó aún más tenso al abordar el escándalo de corrupción interna dentro de los tribunales. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General concretaron la detención de dos jueces penales y un agente del propio OIJ en Pococí, señalados de presuntamente integrar una red de complicidad para favorecer los intereses criminales de la organización liderada por Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. Para el mandatario y su equipo de gobierno, resulta alarmante descubrir que las estructuras criminales habían logrado infiltrar despachos judiciales al punto de contar con funcionarios y operadores comprados para torcer la ley y garantizar impunidad.

Acciones urgentes y déficit crítico en la flota vehicular policial

Lejos de frenar las operaciones ante los obstáculos institucionales, el Ministerio de Seguridad Pública confirmó que los operativos continúan a nivel nacional. En una intervención paralela desarrollada en Ciudad Quesada contra la misma red de “Diablo”, las autoridades asestaron un nuevo golpe con el allanamiento de 18 inmuebles y la captura de 13 personas, de las cuales cinco ya se encontraban recluidas en centros penales. Sin embargo, el ministro de Seguridad, Gerald Campos, reconoció que las instituciones enfrentan graves limitaciones logísticas, especialmente en lo que respecta a la movilidad de los oficiales en las calles.

Ante la consulta sobre el estado de la flota vehicular, el jerarca admitió una situación crítica: el país cuenta con más de 3.000 unidades policiales inhabilitadas por falta de reparaciones. Para solventar esta emergencia operativa de forma inmediata, el presidente de la República giró una orden directa al equipo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) para realizar un inventario exhaustivo de todos los vehículos, camiones, microbuses y cuadraciclos que han sido asignados a diferentes instituciones estatales, municipalidades y asociaciones privadas. El mandatario advirtió que, salvo casos de fuerza mayor, dichos recursos serán requisados y reasignados de manera prioritaria a la Fuerza Pública, reafirmando que el combate frontal contra el crimen organizado es hoy por hoy la prioridad número uno del Estado costarricense.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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