Los allanamientos en CCSS realizados este jueves por el OIJ y la Fiscalía responden a una investigación por sabotaje informático y favorecimiento real que involucra a funcionarios del área de informática.
Agentes de la Sección de Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en coordinación con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, ejecutaron este jueves seis allanamientos vinculados a una investigación por delitos de sabotaje informático y favorecimiento real.
Los operativos iniciaron a las 6:00 a.m. en tres viviendas ubicadas en Guadalupe, barrio México y Aserrí, así como en tres inmuebles de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente en las oficinas centrales y en barrio Don Bosco. La diligencia busca recabar evidencia electrónica relevante para la causa en curso.
Allanamientos en CCSS Contexto de la investigación
De acuerdo con el informe preliminar, esta operación se relaciona con una diligencia anterior realizada el 23 de septiembre de 2024, cuando se allanaron 28 puntos en todo el país. Entre esos lugares destacó el Departamento de Tecnologías de Información de la CCSS, donde se pretendía respaldar información institucional y de cuentas electrónicas de funcionarios.
Según la causa, una de las cuentas de correo investigadas —perteneciente a un funcionario de apellido Herrera— habría sido reactivada irregularmente durante ese allanamiento. Esta acción habría permitido el acceso y eventual eliminación de datos de interés para la investigación judicial.
Allanamientos en CCSS actuales y objetivos
La investigación apunta a determina
r la responsabilidad de varios funcionarios del Centro de Gestión de Informática de la Caja, quienes habrían habilitado nuevamente la cuenta en cuestión, comprometiendo así la integridad de la información.
Por ahora, las autoridades confirmaron que no se realizarán detenciones. El operativo se concentra en la recopilación de dispositivos electrónicos y respaldos digitales que permitan esclarecer lo sucedido.
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El OIJ y la Fiscalía reiteraron que la investigación sigue abierta y que el material decomisado será clave para establecer posibles responsabilidades penales y administrativas. Aunque la operación no incluye arrestos inmediatos, sí marca un nuevo paso en el caso, que involucra directamente la seguridad informática y la transparencia institucional dentro de la CCSS.
