Pensiones del Poder Judicial podrían elegirse libremente entre el fondo especial y el IVM gracias a una nueva iniciativa legislativa en Costa Rica.
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Pensiones del Poder Judicial en la encrucijada: Proyecto propone el fin de la afiliación obligatoria y el traslado al IVM
Pensiones y seguridad social vuelven a colocarse en el centro del debate político y económico nacional tras la presentación de una ambiciosa iniciativa legislativa que busca transformar de raíz el sistema previsional de los empleados judiciales en Costa Rica. Este 28 de julio de 2026, la diputada Marta Esquivel, en representación de la fracción legislativa del Partido Pueblo Soberano, introdujo a la corriente parlamentaria un proyecto de ley diseñado con un objetivo claro y contundente: permitir que las personas trabajadoras del Poder Judicial puedan elegir de manera libre, consciente y voluntaria el régimen previsional al que desean aportar el fruto de su trabajo. La propuesta gubernamental persigue romper con la inercia institucional, abriendo la puerta para que los funcionarios decidan si desean mantenerse en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial o si prefieren acogerse al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), administrado por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La justificación de esta propuesta se asienta sobre la necesidad imperativa de poner fin a la afiliación obligatoria que ha caracterizado al régimen especial judicial durante décadas, una política que, a la luz de las actuales circunstancias económicas, resulta anacrónica. La iniciativa pretende corregir una profunda desigualdad estructural que afecta directamente a miles de funcionarios de este poder de la República. En la actualidad, estos trabajadores se ven forzados a realizar una de las contribuciones obreras más altas y onerosas de todo el país. Esta carga económica desproporcionada se vuelve insostenible e injustificada al tomar en consideración que las diversas reformas normativas y recortes aplicados durante los últimos años redujeron de manera considerable los beneficios reales que históricamente ofrecía este fondo institucional a sus afiliados.
El debate sobre las Pensiones: Igualdad y coherencia en el empleo público
Desde una perspectiva analítica y de estricta justicia laboral, la diputada Esquivel ha sido categórica al señalar la incongruencia del modelo actual. Según las declaraciones oficiales plasmadas en la presentación del proyecto, las personas trabajadoras del Poder Judicial deben tener el derecho inalienable de decidir dónde cotizar para asegurar su pensión futura. La legisladora oficialista argumentó con total firmeza que no es justo obligar a estos servidores públicos a permanecer anclados a un régimen que les exige aportes económicos significativamente superiores, pero que, de manera contradictoria, ya no les ofrece las mismas condiciones ni los amplios beneficios de antaño. Este planteamiento resuena con fuerza en un momento histórico donde el país exige eficiencia, equidad y coherencia en la administración de las finanzas públicas.
El proyecto de ley impulsado por la fracción de Pueblo Soberano parte de un principio de igualdad fundamental que desafía el status quo defendido por ciertos sectores de la oposición: si el Estado costarricense ya ha dado los pasos necesarios para establecer reglas salariales uniformes para las personas trabajadoras de todo el sector público, también deben existir, por simple lógica administrativa y jurídica, condiciones plenamente equitativas para cotizar al régimen básico de pensiones. No resulta congruente mantener «islas» institucionales o regímenes especiales que obliguen a sus cotizantes a soportar cargas financieras asimétricas frente al resto de la clase trabajadora nacional.
Mecanismos técnicos, sostenibilidad financiera y fortalecimiento del IVM
Para brindar absoluta transparencia, viabilidad y seguridad jurídica a los trabajadores, la iniciativa contempla mecanismos técnicos sumamente rigurosos. El texto normativo establece de manera explícita que tanto los funcionarios judiciales que se encuentran activos en este momento, como aquellas personas que ingresen a laborar en la institución en el futuro, podrán decidir de manera voluntaria si desean permanecer en el fondo especial o si prefieren hacer efectivo su traslado al IVM. Para lograr esto sin generar vacíos legales, el proyecto de ley establece los mecanismos precisos para regular el traslado de las cuotas obrero-patronales y los derechos acumulados a lo largo de los años de servicio, procurando en todo momento proteger la sostenibilidad financiera de ambos regímenes y garantizar la protección de los trabajadores involucrados.
La legisladora Esquivel agregó, para despejar cualquier campaña de desinformación, que la propuesta legislativa no obliga a ninguna persona a trasladarse en contra de su voluntad. Quienes deseen permanecer bajo la sombrilla del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial mantendrán intacto su derecho de hacerlo. Lo que la fracción oficialista está defendiendo con esta medida es la verdadera libertad de elección y el derecho soberano de cada trabajador a tomar la decisión financiera que considere más conveniente para su propio futuro y el de su familia.
Finalmente, más allá de la justicia individual para los empleados judiciales, la propuesta legislativa posee un valor estratégico macroeconómico innegable para el país. La eventual incorporación voluntaria de nuevos cotizantes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) representaría una inyección de recursos vitales, contribuyendo decididamente al fortalecimiento financiero del principal fondo de jubilaciones de Costa Rica. De este modo, la iniciativa del Partido Pueblo Soberano busca promover una discusión nacional responsable, madura y urgente sobre la equidad, la sostenibilidad a largo plazo y la transparencia de los regímenes previsionales que se financian mediante el esfuerzo conjunto de las personas trabajadoras y del Estado.
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