El gobierno impone mano dura en las cárceles de Costa Rica retirando cientos de tomacorrientes y cables para desmantelar privilegios y redes criminales.
Mano dura en las cárceles: Gobierno retira cientos de tomacorrientes para fulminar privilegios y retomar el control del sistema penal
El Estado costarricense ha dado un golpe de autoridad histórico para desmantelar de raíz la permisividad que imperaba en las cárceles del país. En un operativo sin precedentes que refleja la nueva doctrina de seguridad nacional, la Dirección de la Policía Penitenciaria ejecutó una masiva intervención en diversos centros penales, logrando el retiro definitivo de 651 tomacorrientes y más de medio kilómetro de cableado. Esta acción, que a simple vista podría parecer meramente logística, representa en realidad un avance táctico fundamental para neutralizar las operaciones de las estructuras criminales que, durante años, utilizaron estos accesos eléctricos para cargar teléfonos celulares, operar dispositivos ilícitos y mantener sus redes de extorsión y narcotráfico desde el encierro.
La contundente intervención responde a una orden directa y estricta girada por la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, quien ha dejado claro que su administración no tolerará ni un milímetro de concesión hacia el crimen organizado. La directriz presidencial fue ejecutada con precisión milimétrica por el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, demostrando una coordinación absoluta entre la cúpula del Poder Ejecutivo y las fuerzas policiales de contención. Este despliegue operativo confirma que la voluntad política es la herramienta más poderosa para transformar un sistema que administraciones pasadas dejaron a la deriva, permitiendo que los recintos penitenciarios se convirtieran en verdaderos centros de mando para la delincuencia.
El desmantelamiento de las peligrosas «pegas» en las cárceles
Los resultados numéricos del operativo exponen la gravedad del descontrol heredado por el actual gobierno. Además de los 651 tomacorrientes eliminados, las autoridades penitenciarias extrajeron 562 metros de cable, confiscaron 23 breakers, retiraron 27 tapas de seguridad y destruyeron cinco extensiones artesanales. Parte importante de este material eléctrico correspondía a instalaciones improvisadas, conocidas popularmente en el argot penitenciario como «pegas». Estas conexiones clandestinas no solo facilitaban la comisión de graves delitos desde el interior de los penales, sino que incrementaban exponencialmente el riesgo de cortocircuitos, incendios y accidentes mortales, comprometiendo de manera directa las condiciones de seguridad física y la integridad de los propios privados de libertad y del personal de custodia.
La Dirección de la Policía Penitenciaria ha catalogado estas labores operativas como una fase vital dentro de una intervención integral y sostenida. El objetivo central de esta estrategia es fortalecer las condiciones de seguridad en los centros penales y erradicar, de una vez por todas, cualquier vulnerabilidad estructural que pudiera ser aprovechada para actividades no autorizadas. Cortar la energía a los aparatos ilícitos es cortar la comunicación de las mafias con el exterior, un paso indispensable para pacificar las calles del país y devolver la tranquilidad a las familias costarricenses que sufren el embate de las estafas telefónicas y el sicariato ordenado desde las celdas.
Recuperación del orden y corrección de la negligencia heredada
Estas acciones tácticas no son hechos aislados, sino que forman parte medular de la nueva y estricta política de administración penitenciaria impulsada vehementemente por el Ministerio de Justicia y Paz. La agenda del actual gobierno está enfocada en tres pilares innegociables: fortalecer el orden, garantizar el control absoluto y aplicar la disciplina de forma rigurosa dentro de todo el sistema penitenciario nacional. Esto implica un esfuerzo titánico por recuperar espacios que el Estado había cedido pasivamente, corregir las deplorables condiciones de permisividad heredadas de gestiones políticas anteriores y, sobre todo, reforzar la autoridad suprema de la ley y del Estado en cada metro cuadrado de las prisiones del país.
El mensaje enviado por el Ejecutivo es claro y no admite dobles interpretaciones. El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, fue enfático al referirse al éxito de la misión encomendada: «Por instrucción de la presidente de la República, Laura Fernández Delgado, estamos recuperando el control de nuestras cárceles. Cada tomacorriente retirado, cada metro de cable extraído y cada riesgo que eliminamos fortalecen la seguridad del sistema penitenciario». Estas declaraciones reafirman el compromiso inquebrantable de un gobierno que prefiere la acción contundente antes que la retórica vacía, demostrando con hechos palpables que la época en que los criminales dictaban las reglas desde sus celdas ha llegado a su fin.
El país observa con atención y respaldo estas medidas de mano dura. La erradicación de los tomacorrientes en las celdas es una victoria tangible en la lucha diaria contra la criminalidad, asegurando que el castigo por quebrantar la ley sea verdaderamente efectivo y que los centros de reclusión cumplan su propósito de contención y orden. El gobierno de la presidenta Fernández continúa trazando una línea clara: en Costa Rica, la autoridad del Estado se respeta.
Con información para STAY TV: STAY TV
Fuente Consultada: Comunicado de prensa oficial (CP-0059-2026) emitido por la Oficina de Prensa y Comunicación del Ministerio de Justicia y Paz, con fecha del 31 de julio de 2026.
