La presidenta Laura Fernández entregó ocho nuevos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa enfocados en infraestructura, economía y modernización del Estado.
Recurso externo:
Ver video completo en YouTube
Laura Fernández presenta ocho nuevos proyectos de ley para transformar la infraestructura, economía y el Estado en sus primeros 100 días
En el marco de su informe de labores por los primeros 100 días de gestión, la presidenta de la República, Laura Fernández, presentó un ambicioso paquete de ocho nuevos proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa. Esta iniciativa se suma a las 12 propuestas previamente enviadas en materia de seguridad y lucha contra la impunidad, así como al proyecto para eliminar definitivamente las pensiones de lujo de los expresidentes de la República. La entrega formal de estos documentos marca una clara hoja de ruta del Poder Ejecutivo para destrabar el desarrollo nacional, evidenciando un ritmo de trabajo ejecutivo que busca responder con urgencia a las necesidades más apremiantes de la ciudadanía.
Durante su intervención, la mandataria detalló exhaustivamente el espíritu de cada una de estas reformas. El primer gran bloque de medidas responde a la crisis de infraestructura detonada por las emergencias climáticas. Tras un recorrido por la provincia de Limón, fuertemente golpeada por la onda tropical número 33, Fernández evidenció la irracionalidad de aplicar los mismos y lentos procedimientos de contratación pública a la remodelación de una oficina que a la reconstrucción urgente de una escuela socavada por un río. Por ello, el Ejecutivo impulsa un mecanismo de “fast track” o vía rápida regulada para obras que representen un riesgo inminente a la vida y la seguridad, evitando tragedias antes de que ocurran.
Ciudad Gobierno y la modernización de la Contraloría
El segundo eje central de los anuncios gubernamentales aborda el polémico estancamiento de Ciudad Gobierno. Mostrando una postura firme, la presidenta anunció una ley especial para el desarrollo de este megaproyecto, negándose a permitir que el país siga perdiendo alrededor de 26 millones de dólares anuales en alquileres abusivos que terminan en bolsillos privados. La mandataria criticó severamente las interpretaciones previas que paralizaron la obra y reiteró su apoyo a la reforma integral de los artículos 66 y 67 de la Ley de Contratación Pública.
En paralelo, el Gobierno presentó una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y a la Ley General de Control Interno. La intención, aclaró Fernández, no es debilitar la fiscalización de la hacienda pública, sino modernizarla para que responda a los nuevos modelos financieros globales. Se busca erradicar la “coadministración previa” en la que, según el análisis del Ejecutivo, se había convertido la labor del ente contralor, frenando proyectos vitales como la Marina de Limón mediante controles a priori que no tienen cabida en el mundo desarrollado contemporáneo.
Combate al ‘gota a gota’ y apoyo a los sectores productivos
Uno de los momentos más emotivos del informe fue la presentación de la ley contra la usura, diseñada para combatir el mortífero crédito “gota a gota”. La presidenta recordó a un niño de seis años en Orotina que le pidió ayuda para liberar a su familia de esta pesadilla financiera. Con dureza y transparencia, Fernández responsabilizó a la herencia legislativa del Partido Acción Ciudadana (PAC) y de figuras como Gonzalo Ramírez, señalando que sus reformas excluyeron a miles de familias del crédito formal, empujándolas a las garras del crimen organizado y el lavado de dinero.
Asimismo, para proteger a los sectores productivos de los embates del cambio climático —como los ganaderos afectados por la pudrición de pastos en Limón y los pescadores golpeados por el Fenómeno de El Niño— se presentó el proyecto de Seguros Agropecuarios, una herramienta indispensable para garantizar la seguridad alimentaria y la estabilidad económica del sector primario.
Modernización del INA y la reestructuración de Fonatel
Cumpliendo otra de sus promesas de campaña, Laura Fernández introdujo la reforma al Estatuto del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA). Utilizando su propia experiencia como madre trabajadora, la presidenta argumentó la necesidad urgente de virtualizar la oferta académica del INA, permitiendo que miles de mujeres puedan capacitarse en horarios flexibles desde sus hogares, rompiendo con el obsoleto esquema de horario de oficina gubernamental.
Finalmente, se presentó una iniciativa para corregir una distorsión histórica en el sector de las telecomunicaciones: trasladar la administración de Fonatel fuera de la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) hacia una promotora de innovación. Esta medida busca inyectar verdadera eficiencia en el uso de los recursos destinados a cerrar la brecha digital y conectar a las escuelas y comunidades más alejadas del país.
El acto culminó con un firme respaldo del Ejecutivo a la labor de los 31 diputados de la bancada oficialista. El ministro de la Presidencia destacó la productividad de un Congreso que ya suma 16 proyectos aprobados en segundo debate y 25 en primer debate, al tiempo que criticó duramente a fracciones opositoras, como el Frente Amplio, por heredar miles de mociones obstructivas para frenar legislaciones clave como la jornada 4×3. Este balance de 100 días marca un pulso decisivo del Gobierno para avanzar con su agenda de transformación nacional frente a las barreras burocráticas y políticas tradicionales.
Con información para STAY TV: STAY TV

