Fiscalía: Marta Esquivel presenta proyecto de Carrera Fiscal para eliminar nombramientos a dedo con concursos públicos y mérito.
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Fiscalía: Marta Esquivel presenta proyecto de Carrera Fiscal
La diputada oficialista Marta Esquivel Rodríguez ha dado un paso decisivo en su cruzada contra la discrecionalidad en el Ministerio Público. Este 10 de septiembre, la legisladora presentó ante la corriente legislativa el proyecto de Ley de Carrera Fiscal y del Personal de Apoyo, una iniciativa que busca transformar de raíz la forma en que se ingresa, asciende y permanece dentro de la Fiscalía costarricense. La propuesta llega en un momento crítico, cuando las denuncias por nombramientos a dedo y las investigaciones contra el propio fiscal general, Carlo Díaz, mantienen en vilo la credibilidad de la institución encargada de la persecución penal.
Una deuda que se arrastra desde 1994
Según Esquivel, la Fiscalía mantiene una deuda histórica con la implementación de una carrera fiscal integral. Desde 1994, cuando se reformó la Ley Orgánica del Ministerio Público, se estableció la necesidad de crear un sistema basado en el mérito y la idoneidad, pero en la práctica, el fiscal general ha conservado una amplia discrecionalidad para designar a fiscales adjuntos, fiscales y personal de apoyo. Esta concentración de poder, denunciada por diversos sectores, ha permitido que prevalezcan los nombramientos a dedo sobre los procesos competitivos.
La diputada, quien ha sido una crítica constante de las prácticas internas del Poder Judicial, sostiene que la normativa actual incumple abiertamente la Ley Orgánica del Ministerio Público, la Ley de Empleo Público y la propia Constitución Política al no aplicar los principios de idoneidad. Su proyecto, identificado con el expediente 25-1-000-777-1, un número que ella misma describió como fácil de recordar, pretende forzar un cambio que las autoridades judiciales han postergado por décadas.
Concursos públicos, evaluaciones y listas de elegibles
El eje del proyecto es claro: eliminar los márgenes de discrecionalidad en los nombramientos y ascensos. Para lograrlo, la iniciativa establece la obligatoriedad de realizar concursos públicos para cada puesto, en los que los aspirantes deberán superar evaluaciones objetivas y acreditar los requisitos correspondientes. Los resultados se plasmarán en registros de personas elegibles, listas que permitirán a la institución escoger entre los candidatos mejor calificados con base en criterios previamente definidos, y no en favoritismos.
Además, el texto limita los interinazgos prolongados, una práctica que, según Esquivel, ha fomentado una estructura de poder poco transparente y ha perpetuado nombramientos irregulares. La propuesta también impone obligaciones de transparencia para que los procesos de selección puedan ser conocidos y fiscalizados por la ciudadanía y los órganos de control. Es importante destacar que la iniciativa no contempla la creación de nuevas plazas, dietas ni remuneraciones adicionales; su enfoque es estrictamente normativo y procedimental.
El respaldo de los hechos y la reacción de la Corte
La presentación del proyecto no ocurre en el vacío. Días antes, el 7 de septiembre, la propia Esquivel había cuestionado públicamente al Ministerio Público y a la Corte Plena por la falta de controles. Su denuncia se suma a una serie de señalamientos que han salpicado a la Fiscalía en los últimos meses, incluyendo una investigación de oficio abierta por la Corte Suprema contra el fiscal general Carlo Díaz por más de mil nombramientos por inopia y presuntas designaciones a dedo. El magistrado Gerardo Rubén Alfaro, de la Sala Tercera, ha calificado de inaudito que la Fiscalía se siga manejando de esa manera, y ha instado a que se conforme un grupo técnico para reglamentar la carrera fiscal.
La Asociación Costarricense de la Judicatura, por su parte, ha expresado su rechazo a otra iniciativa de Esquivel, la que busca que la Asamblea Legislativa elija al fiscal general. Sin embargo, el proyecto de Carrera Fiscal no toca ese punto y se concentra en el régimen de personal, un aspecto sobre el cual existe un consenso más amplio sobre la necesidad de reforma. La Corte Plena, de hecho, ha reconocido la urgencia de definir la carrera fiscal y ha solicitado al fiscal general un informe detallado sobre los avances en la materia.
El futuro de la iniciativa y el pulso político
El camino del proyecto apenas comienza. Deberá ser asignado a una comisión legislativa, pasar por consultas obligatorias al Poder Judicial y al Ministerio Público, y eventualmente llegar al Plenario. En un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo y la judicatura, la iniciativa de Esquivel se convierte en una pieza clave de la agenda de transparencia del gobierno de Laura Fernández, que ha hecho de la lucha contra la corrupción y la infiltración criminal uno de sus ejes principales.
Mientras la oposición concentra sus críticas en otros proyectos de la diputada, el debate sobre la Carrera Fiscal expone una realidad ineludible: la Fiscalía costarricense necesita reglas claras para recuperar la confianza ciudadana. Como lo expresó la propia legisladora, no puede seguir pesando más un dedo que un currículum. La pregunta es si el sistema político estará a la altura de las circunstancias o si, una vez más, la reforma quedará archivada en el olvido legislativo.
Con información para STAY TV: STAY TV
