Hacienda intensifica operativos en 2026 con más de mil intervenciones y el decomiso de 1,8 millones de mercancías irregulares en comercios.

Hacienda arrincona al contrabando: Más de 1,8 millones de artículos decomisados en histórica ofensiva comercial

El Ministerio de Hacienda ha desplegado durante el año 2026 una de las ofensivas de fiscalización más agresivas e integrales de los últimos tiempos, revelando cifras que exponen la enorme magnitud del comercio irregular en Costa Rica. A través de acciones coordinadas entre sus principales direcciones de ingresos, las autoridades han logrado incautar la abrumadora cifra de 1.807.453 unidades de mercancías de procedencia dudosa o ingresadas de manera ilícita al territorio nacional. Este contundente golpe a las estructuras de evasión y contrabando no solo protege la recaudación tributaria, sino que saca del mercado productos que representan un riesgo directo y silencioso para la salud pública de los consumidores.

Los datos oficiales emitidos por la institución evidencian que el cerco operativo no ha dado tregua a los infractores. Durante el transcurso del presente año, la Policía de Control Fiscal (PCF) ejecutó un total de 1.016 operativos a lo largo y ancho del país, con una concentración particularmente intensa en los últimos meses. Tan solo entre mayo y setiembre de 2026, las autoridades materializaron 507 intervenciones de campo. Este despliegue táctico requirió una compleja labor de inteligencia previa para identificar aquellos focos comerciales donde la evasión aduanera opera a plena luz del día, camuflada en los estantes de negocios formales e informales.

El mapa del contrabando y las mercancías de alto riesgo

Aunque los oficiales de la PCF se movilizaron por todo el territorio nacional, la inteligencia financiera determinó que la mayor concentración de intervenciones debía llevarse a cabo en la Gran Área Metropolitana (GAM). El abanico de locales intervenidos demuestra la alarmante penetración de las mercancías de contrabando en la economía diaria. Las revisiones sorpresa abarcaron supermercados, tiendas de ropa, zapaterías, lujosas perfumerías, licoreras, modestos bazares y bodegas especializadas en productos importados, lugares donde los consumidores asumen erróneamente que los productos cumplen con la normativa nacional.

Al desglosar la inmensa cantidad de decomisos, se revela un panorama preocupante sobre el tipo de artículos que ingresan ilegalmente al país. De los más de 1,8 millones de unidades incautadas, un abrumador 83% se concentra en apenas cinco categorías de productos. El mercado negro del tabaco lidera indiscutiblemente la lista con 628.769 unidades de cigarrillos y habanos retiradas de circulación, lo que representa el 34,7% del volumen total de incautaciones operativas del año.

Sin embargo, el impacto del contrabando trasciende la simple pérdida de impuestos. El decomiso de 382.225 unidades de alimentos enlatados, 188.441 cosméticos y, de manera crítica, 139.325 medicamentos irregulares, subraya un inminente peligro sanitario. Estos productos carecen de cualquier garantía de cadena de frío, registro sanitario del Ministerio de Salud o certificación de ingredientes, exponiendo a miles de compradores a posibles intoxicaciones o lesiones bajo la promesa de precios artificialmente bajos.

La Dirección General de Tributación de Hacienda presiona a los evasores

De forma paralela a las acciones policiales, la Dirección General de Tributación (DGT) intensificó sus visitas de campo a negocios locales entre junio y setiembre. En operativos integrados, los inspectores visitaron 230 establecimientos comerciales, topándose con un hallazgo revelador: 11 de estos negocios operaban desde la completa sombra de la informalidad, al no encontrarse siquiera inscritos ante el fisco para el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ni la renta.

El rastreo tributario se extendió como una red a través de cinco provincias. En San José, se peinaron zonas de alto tránsito comercial como La Merced, Sabana, Escazú, Desamparados y Curridabat. En Alajuela, las intervenciones llegaron hasta San Ramón y Orotina; en Heredia cubrieron Barreal y Belén; mientras que en Puntarenas y Cartago se fiscalizaron desde bazares locales hasta importadoras mayoristas que abastecen a la cadena minorista.

La ceguera voluntaria sobre el origen de los productos es el principal escudo que intentan usar los dueños de los negocios. Los auditores comprobaron de manera reiterada que una inmensa cantidad de mercancía en venta no poseía facturas de compras locales ni el Documento Único Aduanero (DUA), un requerimiento innegociable para demostrar la legalidad de cualquier importación. Además, las autoridades rastrearon que muchos de los proveedores que surten estos locales ni siquiera existían formalmente en los registros comerciales.

Frente a este escenario de incumplimiento sistemático, el Ministerio de Hacienda ha sido contundente respecto a las consecuencias. Todos aquellos negocios donde se detectó el irrespeto a los deberes materiales y formales enfrentarán de forma automática la apertura de un procedimiento sancionador. Este accionar se respalda firmemente en el artículo 150 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, lo que podría derivar en multas millonarias, cierres forzosos de establecimientos y, en los casos más graves de defraudación comprobada, elevarse a instancias penales. Con estos operativos, el mensaje del Ejecutivo es unívoco: la evasión fiscal y aduanera dejará de ser una práctica comercial tolerada.

Con información para STAY TV: STAY TV

Reporte de inspección e intervenciones comerciales de la Dirección General de Tributación (DGT) emitido el 14 de septiembre de 2026.

Diego Molina

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