El diputado Gonzalo Ramírez exige al TSE investigar la denuncia de Abril Gordienko sobre una supuesta oferta de 42.000 votos por ₡420 millones en campaña.
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Escándalo político: Piden al TSE investigar supuesta oferta de 42.000 votos por ₡420 millones
Una grave denuncia de presunta corrupción electoral realizada en el foro de la Asamblea Legislativa ha escalado rápidamente a instancias judiciales y electorales. El diputado Gonzalo Ramírez Zamora presentó este jueves 17 de septiembre una solicitud formal ante las magistraturas del TSE (Tribunal Supremo de Elecciones) para que se ordene la apertura de una investigación preliminar inmediata. El objetivo es esclarecer una manifestación pública emitida por la legisladora Abril Gordienko, quien afirmó haber recibido una oferta ilícita por decenas de miles de sufragios durante la pasada campaña electoral.
Los hechos que detonaron esta crisis institucional se registraron el miércoles 16 de septiembre en pleno debate de control político. Durante su intervención en el Plenario, la diputada Gordienko aseveró públicamente que un supuesto pastor cristiano se le acercó durante la contienda política para ofrecerle un paquete de 42.000 votos a cambio del desembolso de ₡420.000.000. Al someter estas cifras a un escrutinio matemático básico, la supuesta transacción ilícita fijaba un valor unitario de ₡10.000 por cada voto emitido a su favor.
ANATOMÍA DE LA SUPUESTA OFERTA ELECTORAL
Desglose de las cifras denunciadas en el Plenario Legislativo por la diputada Abril Gordienko.
Votos Ofertados
Monto Solicitado
Costo por Voto
El riesgo para el sistema: Impunidad o difamación
En el documento oficial remitido a la máxima autoridad electoral, el legislador Ramírez argumenta que el sistema democrático costarricense depende inexorablemente de que la voluntad popular se exprese de manera libre y transparente. Bajo esta premisa, sostiene que cuando una afirmación de semejante calibre y monto millonario se ventila en el Primer Poder de la República, el asunto trasciende por completo el fuero de la simple controversia parlamentaria y exige un esclarecimiento técnico, legal e institucional.
La solicitud expone dos riesgos paralelos de extrema gravedad que el país debe evitar a toda costa. En primer término, que una conducta mercantilista que atenta contra las bases del sufragio quede impune y sin investigar. En segundo término, y en sentido diametralmente opuesto, que un sector específico de la sociedad (en este caso, la comunidad cristiana) sea señalado públicamente mediante afirmaciones generales sin que existan pruebas objetivas y suficientes que respalden la acusación.
Las consecuencias penales del fraude electoral
La intervención del TSE resulta fundamental debido a sus competencias exclusivas dictadas por los artículos 99 y 102 de la Constitución Política. Sin embargo, la gravedad de los hechos denunciados podría cruzar rápidamente hacia la jurisdicción penal ordinaria. El ordenamiento jurídico costarricense cuenta con legislación específica para castigar la compra de voluntades electorales.
De comprobarse la materialidad de la oferta, el caso se enmarcaría dentro del artículo 279 del Código Electoral, catalogado como “Delito contra la libre determinación del votante”. Esta norma sanciona directamente con penas de prisión que van desde los dos hasta los doce meses a quien, mediante dádivas o promesas económicas, trate de inducir a una persona a votar en determinado sentido. Si durante la investigación se determina que existieron circunstancias agravantes asociadas a la estructura de la oferta, la pena de cárcel podría elevarse dramáticamente a un rango de entre dos y seis años.
LOS 5 REQUERIMIENTOS EXIGIDOS AL TSE
| Línea de Acción | Detalle de la Solicitud Formulada por el Diputado Ramírez |
|---|---|
| 1. Respaldo Documental | Obtener la transcripción oficial y el registro audiovisual de la sesión del 16 de septiembre. |
| 2. Interpelación Directa | Exigir a la diputada Gordienko que revele la identidad del oferente, las circunstancias, testigos y documentos probatorios. |
| 3. Verificación de Denuncias | Confirmar si la legisladora presentó previamente una denuncia formal ante el Ministerio Público o la autoridad electoral. |
| 4. Rastreo Financiero | Rastrear la posible existencia de intermediarios, estructuras de financiamiento paralelo o entrega material de recursos. |
| 5. Derivación Penal | Remitir de inmediato al Ministerio Público cualquier indicio o prueba material que revele la comisión de un delito de acción pública. |
El traslado de responsabilidades al Ministerio Público
La solicitud de investigación, liderada por el diputado Ramírez, no pretende atribuir culpas por adelantado ni actuar como un tribunal paralelo. Según el marco procesal establecido en el artículo 285 del Código Electoral, el TSE posee la potestad legal para ejecutar una investigación preliminar expedita mediante la Inspección Electoral. Si tras este análisis inicial surgen elementos que hagan presumir de manera objetiva la comisión del fraude o la existencia de una red de compra de sufragios, el expediente completo deberá ser remitido al Ministerio Público.
Asimismo, el documento presentado deja abierta una segunda arista judicial no menos importante. Si las indagaciones logran comprobar que la manifestación pública de la diputada fue infundada y atribuyó deliberadamente un delito a una persona o grupo inocente, corresponderá a las autoridades valorar si existe una responsabilidad legal adicional por difamación o falsa denuncia. El debate ahora abandona las curules legislativas y se traslada a los despachos del Tribunal Supremo de Elecciones, que deberá decidir con prontitud el nivel de apertura y profundidad de las investigaciones sobre uno de los señalamientos más graves de la historia electoral reciente de Costa Rica.
Con información para STAY TV: STAY TV
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