Presentan proyecto de ley para luchar contra la evasión fiscal por el uso de comprobantes falsos, tipificando delitos y fortaleciendo a la Administración.
Evasión bajo la lupa: Ejecutivo presenta ambicioso proyecto para castigar el uso y comercio de facturas falsas
Evasión fiscal estructurada mediante el uso de redes de facturación falsa y proveedores ficticios enfrenta un nuevo y decisivo frente de batalla en la Asamblea Legislativa. El Poder Ejecutivo presentó un contundente proyecto de ley denominado «Lucha contra la evasión fiscal por el uso de comprobantes falsos», una iniciativa orientada a dotar a la administración tributaria de herramientas modernas y efectivas para cortar de raíz los esquemas de defraudación que erosionan los ingresos públicos del Estado.
La propuesta surge tras detallados estudios técnicos de la Dirección General de Tributación (DGT), los cuales han evidenciado la operación de complejas redes empresariales dedicadas a la emisión de documentos que amparan operaciones inexistentes. Estas prácticas fraudulentas no solo distorsionan la libre competencia y burlan el principio de capacidad contributiva, sino que reducen artificialmente la base imponible del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA) y del impuesto sobre las utilidades, privando al país de recursos esenciales.
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Claves de la reforma: Sanciones severas y penas de cárcel
El núcleo de la iniciativa contempla reformas estructurales al Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Entre las medidas más destacadas se encuentra la adición del artículo 92 bis, el cual tipifica como delito penal la comercialización, expedición o adquisición de comprobantes electrónicos falsos para amparar operaciones simuladas. La norma establece penas de cuatro a ocho años de prisión para quienes participen en estas redes de delincuencia organizada, sin importar el monto de la cuantía involucrada.
Asimismo, el proyecto reforma el artículo 103 para facultar formalmente a la Administración Tributaria a declarar la condición de infractor a estas empresas y aplicar como medida cautelar la inhabilitación temporal de hasta cinco años para emitir facturas electrónicas. Adicionalmente, se modifica el artículo 18 bis para incluir a estos infractores en el sistema de consulta pública del Ministerio de Hacienda, exponiéndolos públicamente para que la ciudadanía y los entes públicos corten cualquier nexo comercial.
Un paso decisivo hacia la justicia tributaria
Las autoridades hacendarias enfatizaron que la disciplina fiscal no puede ser un castigo exclusivo para los contribuyentes que cumplen en regla, mientras redes criminales operan en la impunidad mediante artimañas contables. Con el respaldo de estas nuevas herramientas jurídicas, el Estado busca cerrar los vacíos legales existentes, acelerar la recaudación legítima y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en un mayor bienestar social para todos los costarricenses.
Con información para STAY TV: STAY TV
