El Gobierno justifica el operativo de seguridad en Cartago por amenazas de ataques y desmiente al alcalde Mario Redondo sobre la coordinación previa.

“Había grupos organizados para generar violencia”: Gobierno defiende controles de seguridad en Cartago y contradice al alcalde

El Poder Ejecutivo ha roto el silencio institucional para hacer frente a la ola de críticas desatada por los inusuales y estrictos anillos de seguridad implementados durante la noche del 14 de septiembre en la Plaza Mayor de Cartago. En una férrea defensa del operativo que incluyó la revisión obligatoria de cédulas de identidad a los ciudadanos, la presidenta de la República, Laura Fernández, y su ministro de Seguridad, conocido como don Gerald, revelaron que la medida no fue un capricho político, sino una respuesta directa a reportes de inteligencia que advertían sobre posibles ataques violentos en medio de las celebraciones patrias.

Las autoridades gubernamentales justificaron el despliegue argumentando que la prioridad absoluta era resguardar la integridad física de miles de niños, estudiantes y adultos mayores que acudieron a recibir la Antorcha de la Independencia. Sin embargo, las explicaciones oficiales no solo arrojaron luz sobre las amenazas latentes, sino que destaparon una grave y evidente contradicción política y operativa con el gobierno local cartaginés, elevando la tensión entre Zapote y la alcaldía.

Inteligencia, armas decomisadas y el choque directo con Mario Redondo

El ministro de Seguridad detalló que la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) y los cuerpos de inteligencia policial levantaron alertas previas sobre grupos que pretendían infiltrarse en la multitud para generar disturbios y actos de violencia. Bajo esa premisa, se estableció un perímetro cerrado donde la presentación de la cédula fungió como un filtro para cruzar datos con la “operación de capturas” vigente en la provincia. Como resultado directo de este tamizaje, los oficiales lograron interceptar a dos individuos que intentaban ingresar al área del evento portando armas blancas y pistolas de balines.

No obstante, el dato político más explosivo de la jornada fue la revelación del ministro sobre la fase de planificación. El jerarca aseguró públicamente que el Ministerio de Seguridad sostuvo “reuniones estratégicas inclusive con el alcalde y con la misma policía municipal” para coordinar estas acciones. Esta afirmación choca frontalmente y desmiente de manera categórica las declaraciones emitidas horas antes por el alcalde de Cartago, Mario Redondo, quien había asegurado textualmente que la municipalidad “no tuvo absolutamente nada que ver” en las restricciones de acceso ni en la solicitud de documentos.

Dardos contra la Defensoría de los Habitantes y administraciones pasadas

Lejos de ofrecer disculpas por las incomodidades generadas a los asistentes, el Ejecutivo pasó a la ofensiva. El titular de seguridad cuestionó duramente a los sectores que exigen presencia policial pero se incomodan cuando se aplican controles, comparando la revisión de cédulas con los protocolos habituales para ingresar a un estadio o a un concierto. Además, lanzó un fuerte reproche contra la Defensoría de los Habitantes, institución que solicitó un informe explicativo sobre las restricciones al libre tránsito de los ciudadanos.

“Piden cuentas, ¿y yo digo cuentas de qué? ¿Cuándo han hecho un oficio pidiendo cuentas al Poder Judicial porque no hay justicia pronta y cumplida o a todas las víctimas?”, cuestionó el ministro, evidenciando una profunda molestia por el escrutinio institucional hacia sus tácticas de prevención en espacios públicos.

En esta misma línea de defensa vehemente, la presidenta Laura Fernández respaldó sin fisuras el actuar policial. La mandataria recordó el contexto de criminalidad que atraviesa la provincia, haciendo mención explícita a la “Operación Cacería”, una reciente iniciativa gubernamental que visibilizó los rostros de los delincuentes más buscados de la región brumosa. “Como madre de familia, ¿creen que iba a ser tan irresponsable de exponer a cualquier menor de edad a estar ahí? No, señores”, sentenció.

El recuerdo de Carlos Alvarado y el mensaje político final

Para cerrar su intervención, Fernández elevó el tono político al contrastar las políticas de seguridad de su administración y la de su predecesor, Rodrigo Chaves, con las ejecutadas durante el gobierno del Partido Acción Ciudadana (PAC). La presidenta aseguró que, a diferencia del pasado, en los últimos años no se ha abierto “una sola lata de gas lacrimógeno” ni se ha “garroteado” a ningún manifestante.

“Parece que se les olvidó cuando en los gobiernos de Carlos Alvarado garroteaban a los estudiantes, o cuando en los gobiernos pasados detenían a los opositores y les mandaban a echar las patrullas de oficiales de tránsito para que bajaran las placas”, fustigó la mandataria, calificando su gestión como la más tolerante con la oposición.

Con estas declaraciones, el Poder Ejecutivo da por zanjada la polémica desde su perspectiva, ratificando que no cederá ante presiones mediáticas o críticas institucionales cuando se trate de aplicar filtros preventivos en eventos de concentración masiva, dejando de paso al descubierto una preocupante fisura de coordinación y comunicación con la alcaldía cartaginesa.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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