Diputada Nayuribe Guadamuz pide a Corte Suprema explicar contratación de ₡8 millones para campaña en plataformas digitales.

Diputada exige cuentas por ₡8 millones en redes del Poder Judicial

La diputada Nayuribe Guadamuz Rosales, de la fracción Pueblo Soberano, solicitó formalmente al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, que explique los detalles de una contratación por ₡8.000.000 destinada a servicios de comunicación para una campaña en plataformas digitales. La legisladora cuestiona que el Poder Judicial recurra a una empresa externa mientras la institución ha advertido públicamente sobre limitaciones presupuestarias.

La solicitud, fechada el 24 de septiembre de 2026 y tramitada bajo el expediente AL-FPPS-42-OFI-00105-2026, se refiere específicamente al procedimiento de contratación 2026LD-000362-0001300001, denominado “Contratación de una empresa de comunicación para ejecutar la difusión de una campaña en plataformas”.

El contraste que motiva la fiscalización

El eje central del cuestionamiento de Guadamuz es la aparente contradicción entre el gasto en una campaña digital y la situación financiera que el propio Poder Judicial ha denunciado. La institución ha alertado sobre un recorte presupuestario que, según la Corte Plena, asciende a más de ₡16.000 millones para 2026, y ha advertido sobre riesgos para operativos del OIJ, adquisición de licencias de software, atención a víctimas y reprogramación de juicios.

Guadamuz también solicitó que se indique si se valoró la posibilidad de ejecutar la campaña con los recursos humanos, canales y plataformas con que ya cuenta el Poder Judicial, y en caso afirmativo, las razones por las cuales se optó por una contratación externa.

Las siete preguntas de la diputada

La solicitud de información plantea siete interrogantes específicas. Primero, cuál es el objetivo concreto de la contratación y qué necesidad institucional pretende atender. Segundo, qué criterios técnicos y presupuestarios sustentaron la decisión de destinar ₡8.000.000 a esta contratación y su priorización frente a otras necesidades.

Tercero, el detalle de los servicios, contenidos, plataformas y acciones que serán financiados. Cuarto, qué dependencia solicitó la contratación y qué órgano o autoridad autorizó su realización.

Quinto, los resultados, indicadores o metas establecidos para evaluar la efectividad de la campaña. Sexto, la fuente presupuestaria y la partida específica de la que provienen los recursos, así como si estaban originalmente presupuestados para ese fin. Séptimo, si se valoró ejecutar la campaña con recursos institucionales.

La potestad de fiscalización y el plazo legal

La gestión fue realizada al amparo de la Ley N.º 10554, Ley Marco de Acceso a la Información Pública, que establece los plazos para que las instituciones públicas respondan a las solicitudes de información. La diputada pidió que la respuesta se remita dentro de los plazos establecidos en esa normativa.

La solicitud no implica por sí misma que exista una irregularidad en la contratación. Se trata de un ejercicio de fiscalización y control político propio de la función legislativa. Será la respuesta de la Corte Suprema de Justicia la que permita conocer los argumentos técnicos, financieros e institucionales que sustentan el gasto y las razones por las cuales se determinó recurrir a una contratación externa.

Un cuestionamiento que se suma a otros

Esta no es la primera vez que la diputada Guadamuz dirige solicitudes de información al Poder Judicial. En julio de 2026, la legisladora pidió explicaciones sobre el alquiler del edificio que alberga a la Sala Constitucional, cuyo costo anual supera los ₡650 millones. En esa ocasión, Guadamuz solicitó conocer cuántos funcionarios de la Sala IV trabajan de forma presencial, en teletrabajo o en modalidad mixta, y si existen áreas del edificio sin ocupar o con ocupación parcial.

Ambas solicitudes se enmarcan en un contexto de creciente tensión entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, luego de que la Corte Suprema alertara sobre el impacto del recorte presupuestario en la prestación de servicios de justicia. La presidenta Laura Fernández ha cuestionado el gasto público del Poder Judicial y ha señalado que no permitirá “un desangramiento de los recursos públicos”.

El Poder Judicial tiene ahora la palabra. Su respuesta permitirá conocer si los ₡8.000.000 destinados a la campaña digital estaban debidamente justificados y priorizados, o si, por el contrario, existían alternativas internas viables que no fueron consideradas. La fiscalización legislativa, en todo caso, ya está en marcha.

Con información para STAY TV: STAY TV

Diego Molina

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